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Guatemala, 17 de Octubre de 2014 (Cerigua).- El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron este viernes una solicitud de antejuicio en contra del diputado oficialista Gudy Rivera, por aparentemente ejercer injerencias en un juzgado de apelaciones, para que éste emitiera una resolución a favor de la Vicepresidenta Roxana Baldetti.

La solicitud se presentó luego que los organismos analizaran la denuncia presentada por la magistrada Claudia Escobar Mejía, de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, quien señaló al parlamentario de ofrecerles a los miembros de esa corte la reelección, a cambio de otorgar un amparo en contra de una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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La magistrada presentó ante la CICIG un audio de la conversación con Rivera, como prueba de la influencia que el diputado oficialista hacía a favor de Baldetti, quien había sido suspendida como Secretaria General del Partido Patriota.

El MP y la CICIG consideraron que existen suficientes indicios para probar la existencia de posibles delitos de tráfico de influencias y/o cohecho activo; la solicitud de antejuicio fue asignada al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

El pasado 5 de octubre Escobar Mejía renunció públicamente a su reelección en la Sala de Apelaciones, argumentando que existieron ilegalidades en el proceso realizado por el Congreso de la República.

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La magistrada había sido reelecta, junto a los otros dos miembros de la Sala Héctor Bran y Amadeo Guerra, para otro periodo de cinco años en el cargo, un día después que se emitiera la resolución a favor de Baldetti; Escobar Mejía fue la única que razonó su voto en contra del amparo.

El jueves 9 de octubre la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la elección de magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes debían asumir el cargo el pasado lunes; el dictamen de la Máxima Corte se dio luego de una serie de señalamientos por parte de la sociedad civil y organismos internacionales, así como acciones legales contra la selección de los togados.

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