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Guatemala, 16 de Octubre de 2014 (Cerigua).- Durante tres días representantes de sistemas penitenciarios de la región discutirán en Guatemala la implementación de las Reglas de Bangkok, las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y contribuir a su rehabilitación.

Entre los ejes fundamentales de estas reglas, aprobadas en una resolución de Naciones Unidas en octubre del 2010, está la mejora de infraestructura para las reclusas de acuerdo a su perfil criminal, el tratamiento de las adicciones para la reinserción social, servicios de educación y salud para las mujeres en prisión, entre otros aspectos de derechos humanos.

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El Ministerio de Gobernación señaló que este taller está orientado a las  medidas complementarias para la protección de mujeres en prisiones, mediante la Política Penitenciaria; en la cita participan delegados de República Dominicana, Cuba y el resto de naciones centroamericanas.

Entendemos y comprendemos que la incorporación del enfoque de género y la integración de la necesidad de protección irrestricta de este grupo de mujeres son necesarias, aseveró el director de la Escuela de Estudios Penitenciarios, Hernán Santos.

En este sentido, el funcionario dijo que se cuenta con una hoja de ruta que propone la Política de Reforma Penitencia, la cual busca promulgar acciones a favor de este sector, entre las que cuentan las visitas de las mujeres a sus hijos e hijas.

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Este mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un caso contra el Estado de Guatemala por la negligencia en la muerte de la reclusa María Inés Chinchilla Sandoval, ocurrida en mayo del 2004.

Chinchilla Sandoval padecía de hipertensión, diabetes y otras afectaciones, por lo que necesitaba movilizarse en silla de ruedas; el día de su fallecimiento cayó de su silla en unas escaleras, al no encontrar quien la auxiliaría.

La Comisión determinó que el Estado debía garantizar los derechos a la vida e integridad de la reclusa, sin embargo no realizó los diagnósticos necesarios  para determinar la totalidad de sus padecimientos  ni las necesidades de su tratamiento.

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La investigación del caso no logró esclarecer si la muerte de la presidiaria se debió a consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, por lo que hasta la fecha no se ha deducido las responsabilidades del hecho.

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