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Guatemala, 10 de Octubre de 2014 (Cerigua).- En el marco del Día Internacional contra la Pena de Muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los Estados de la región a evitar poner en práctica este tipo de sentencias y a cumplir las decisiones el organismo en lo relativo a este tema.

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Foto: elpais.com

La Comisión afirmó que si bien la mayoría de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha abolido la pena capital, una minoría importante aún la mantiene, entre estos Barbados y Trinidad y Tobago, pero Estados Unidos es el único que ha realizado ejecuciones en los últimos años.

En reiteradas ocasiones el organismo ha manifestado su preocupación por las ejecuciones en Estados Unidos y ha pedido al gobierno aplicar moratoria en los casos, la cual reiteró en julio pasado luego de la ejecución de Joseph Rudolph, quien permaneció vivo casi dos horas después de iniciar el procedimiento de la inyección letal.

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La CIDH ha recibido preocupante información sobre numerosos defectos en la aplicación de la pena de muerte, siendo uno de los problemas más recurrentes la discriminación racial, la violación del derecho a la notificación y la asistencia consular, la aplicación de la pena de muerte a personas con discapacidades mentales e intelectuales, las condiciones de detención de los sentenciados, defectos en los métodos de inyección letal y la defensa letrada ineficaz.

Un ejemplo de ello es el caso del mexicano Edgar Tamayo Arias, ejecutado en enero de este año tras permanecer 20 años en una prisión de Texas, a quien asegura la Comisión se le violaron sus derechos al no permitirle contactarse con un funcionario consular, luego de ser detenido en 1994.

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La entidad hemisférica destacó también las declaraciones de la jueza Ruth Bader Ginsburg, de la Corte Suprema, quien aseguró que hasta la fecha no ha visto ningún caso de pena de muerte en que se haya solicitado la suspensión de la condena, en vísperas de la ejecución, en el que el acusado haya estado bien representado.

Pese a este contexto, la CIDH saludó la abolición de la pena capital en 18 Estados y en el Distrito de Columbia, así como la moratoria en algunos lugares por el gobernador o los tribunales, afirmando que espera que otros Estados sigan estos ejemplos.

En Guatemala la pena de muerte está vigente en el Código Penal, en el que se estipula que la condena será aplicable a los delitos de parricidio, magnicidio, ejecuciones extrajudiciales, plagio o secuestro, desaparición forzada, narcoactividad y torturas.

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Pese a que el castigo está estipulado en la legislación, Guatemala no puede aplicar la pena capital debido a su suscripción a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual señala que los Estados parte en el Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida bajo su jurisdicción.

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