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Guatemala, 07 de Octubre de 2014 (Cerigua).- A consecuencia de la nula investigación de la muerte de la reclusa María Inés Chinchilla Sandoval, en mayo del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) este caso, en el que se acusa al Estado de Guatemala de no brindar las condiciones médicas necesarias a la presidaria.

La Comisión determinó que al encontrarse Chinchilla Sandoval privada de su libertad, el Estado debía garantizar sus derechos a la vida e integridad, sin embargo no realizó los diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía, ni las necesidades del tratamiento; de igual manera, no se les proveyó de condiciones adecuadas para garantizar sus derechos, pese a ser una persona discapacitada.

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La reclusa, que cumplía una pena de 30 años por homicidio en el Centro de Orientación Femenino, padecía de Diabetes e Hipertensión arterial, entre otros males, por lo cual requería constantes atención médica y le habían amputado el pie derecho.

El día de su fallecimiento, al no tener quien la desplazara, Chinchilla Sandoval cayó de su silla de ruedas por una escalera; la investigación no determinó si las causas establecidas de su muerte ocurrieron como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, por lo que hasta la fecha no se han deducido los diversos tipos de responsabilidad en el hecho, expresó la CIDH.

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El organismo sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 19 de agosto, ya que consideró que Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, entre las que se encuentran la reparación integral de las violaciones a derechos humanos, la realización de una investigación imparcial, completa y efectiva que establezca las responsabilidades, entre otros aspectos.

La Comisión señaló que este proceso permitirá a la Corte desarrollar y profundizar su jurisprudencia en materia de los derechos a la vida, integridad y protección de las personas presas, que requieran atención médica o tengan alguna condición de discapacidad.

Asimismo, afirmó que el caso servirá para desarrollar la jurisprudencia en materia de estándares de debida diligencia en la investigación de hechos, en los cuales se pudo producir la muerte de una persona en custodia del Estado debido a la falta de atención médica adecuada, así como el alcance a sancionar a los profesionales de la salud, autoridades judiciales y autoridades penitenciarias, por no proveer tratamiento médico ni condiciones adecuadas.

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