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Guatemala, 02 de Octubre de 2014 (Cerigua).- No puede haber participación democrática, ni hay condiciones idóneas para la incidencia e intervención en la toma de decisiones, sin un adecuado conocimiento de los asuntos que deben tratarse en el ámbito colectivo, señaló Ileana Alamilla en su columna de opinión publicada en Prensa Libre, dedicada al día internacional del “derecho a saber”.
Alamilla recordó que fue el 28 de septiembre de 2002, durante un encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales de Europa, Asia y América, que tenían como común denominador promover el acceso a la información pública, que se propuso esa efeméride.

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El ordenamiento jurídico guatemalteco consagra el derecho al acceso a la información, tanto de documentos públicos y oficiales, como de la que conste sobre una persona determinada; Tratados y Convenios internacionales aceptados por Guatemala tienen incluidas estas garantías, anotó.

La columnista destacó que con frecuencia se tiene que estar recordando que la información, más que un valor intercambiable, es un derecho subjetivo que fomenta el desarrollo personal, contribuye a la democracia y es de interés para la colectividad.

El Estado es el obligado a garantizar el ejercicio de esa búsqueda, así como la libre difusión y circulación de la información y el acceso a las fuentes, sin discriminación alguna; la libertad de expresión y opinión están íntimamente ligadas al derecho a la información, que es mucho más amplio, indicó.

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El aparato estatal debe entender que el sistema de acceso a la información contribuye a la democratización, a la auditoría social y a generar confianza en lo público; crea condiciones para evaluar el desempeño de los funcionarios del Estado, incita a mejorar los niveles de responsabilidad y conciencia social de empleados y empleadores, señaló Alamilla.

Finalmente, Alamilla recordó que miembros de la red IFEX que velan por estos derechos fundamentales, entre ellos la agencia CERIGUA, dirigieron una carta al Secretario de las Naciones Unidas, en la que le rogaron que se tome el tiempo de garantizar que esos derechos no se olviden en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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