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Corte Suprema de Justicia

Guatemala, 22 de Septiembre de 2014 (Cerigua).- Diversas organizaciones de mujeres manifestaron su preocupación, por la inequidad de género que ha existido en los últimos quince años en la Corte Suprema de Justicia, al ser integrada por dos Magistradas y once Magistrados; aún más, en el último período sólo hubo una mujer, en tanto la participación de la mujer indígena ha sido nula.

Corte Suprema de Justicia Un comunicado de Convergencia Ciudadana de Mujeres, la Asociación política de Mujeres Mayas (MOLOJ) y la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, señaló que en las Cortes de Apelaciones el 31 por ciento son mujeres y el 69 por ciento hombre, mientras que en los órganos jurisdiccionales el 36 por ciento está integrado por mujeres y el 64 por ciento por hombres.

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Esto evidencia que no existe equidad en dichos órganos y no se cumple con el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala, relativo a la igualdad y participación, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, con los Pactos Internacionales y Regionales de Derechos Humanos, así como con la Resolución no. 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que llama a todos los países a incluir una mayor representación de las mujeres en todos los niveles de decisión.

Las agrupaciones recordaron que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha proyectado que en 2014 la población guatemalteca es de 15 millones 806 mil 675; de ese total el 49 por ciento, es decir 7 millones 719 mil 396 son hombres y el 51 por ciento, 8 millones 87 mil 279 son mujeres.

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No obstante ser mayoría, su participación en la vida política y como funcionarias públicas, ha sido limitada; en Guatemala sigue imperando la cultura patriarcal que aún considera que las mujeres deben estar únicamente en el ámbito privado.

No existen medios, mecanismos, incentivos y apoyos sociales para facilitarles el ejercicio del derecho a elegir, ser electas y desempeñar un cargo en puestos de decisión política; y las jerarquías masculinas que se han impuesto en todos los espacios de gobierno.

Las organizaciones consideran necesario eliminar la discriminación y el racismo de hecho, que afecta a las mujeres y pueblos indígenas en el libre y pleno ejercicio del derecho humano de participación política y cívica en condiciones de igualdad sustantiva, para garantizar una democracia representativa, alcanzar la autonomía en la toma de decisiones y fortalecer el liderazgo de las mujeres.

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Esto favorecería la administración y aplicación de la justicia pronta y cumplida, el régimen de independencia judicial y el quiebre de la impunidad.

Finalmente, instan a las Comisiones de Postulación para que, en esta última fase del proceso de selección, basadas en la justicia y en línea con los estándares internacionales, incluyan de forma igualitaria a abogadas en los listados que se enviarán al Congreso de la República, y al Legislativo, elegirlas para las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones.

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