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OEA
EFE/Archivo

Guatemala, 117 de Julio de 2014 (Cerigua).- El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulsa, instó a los países de la región a implementar un Plan de Acción Regional, el cual permita unificar las políticas para enfrentar el drama humanitario de los niños y niñas que emigran hacia Estados Unidos.

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Insulza hizo este llamado durante su participación en la Conferencia Internación sobre Migración, Niñez y Familia que se realizó esta semana en Tegucigalpa, Honduras; el representante de la OEA enfatizó que a los menores de edad se les deben brindar condiciones de protección idóneas a su edad y buscar soluciones integrales a las causas que generaron su situación.

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Datos del gobierno de Estados Unidos señalan que más de 50 mil niños y niñas han ingresado ilegalmente por sus fronteras desde octubre del año pasado; la mayoría de los infantes proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras, de donde escapan, entre otras cosas, por la grave situación de inseguridad.

Ante esta situación, el secretario recalcó que la migración infantil debe abordarse con especial respeto a los derechos humanos y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que ningún humano es ilegal y que toda persona tiene derechos a emigrar, solicitar y recibir asilo.

La Comisión, al igual que otros organismos internacionales, ha manifestado su preocupación debido a que la problemática no es tratada desde un enfoque de derechos humanos, ya que en lugar de detener y deportar a los menores, Estados Unidos debe garantizar su acceso a procedimientos que determinen su condición como posibles refugiados.

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El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que los países del Istmo no están preparados para afrontar el problema de forma aislada, debido a que no cuentan con la capacidad para luchar contra las bandas del crimen que lucran con este fenómeno.

El Mandatario aseguró que esta situación debe ser abordada en conjunto con Estados Unidos, como sucedió con el Plan Colombia, implementado en los 90 en el país sudamericano, para atacar a los cárteles de la droga.

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