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Foto: AGN

Guatemala, 04 de Julio de 2014 (Cerigua).- La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) lamentó la actitud asumida por autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que han limitado el acceso a la información a reporteros.

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La APG señaló que varios medios acusaron a la Gerencia General de la CSJ de limitar el acceso al edificio a los periodistas, con lo que se restringe el derecho de acceso a la fuente y se limita el derecho a informar y ser informado.

En tanto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordaron negar a los periodistas la entrega de actas de las reuniones que sostuvieran, según denunció Prensa Libre este jueves.

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La Comisión de Libertad de Prensa de la APG recordó que la Constitución garantiza el libre acceso a las fuentes de información y además estipula que todos los actos de la administración son públicos; los magistrados del TSE son sujetos obligados por ley a brindar información pública y deben ser un ejemplo de transparencia, aseguró.

Asimismo, dijo que se deben respetar los procedimientos establecidos para entrevistar a un funcionario de alto nivel, como son los miembros del Organismo Judicial, sin embargo esto no debe ser un obstáculo para obtener información.

No debe verse al periodista como alguien contrario de la autoridad sino como un profesional que realiza una función social, indispensable en la democracia, expresó la APG, que además recordó que acceder a información de parte de instituciones públicas es un derecho fundamental que debe ser velado por el Estado, al que pertenecen el TSE y la CSJ.

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Prensa Libre criticó las medidas adoptadas por autoridades de ambas instituciones estatales, en especial del órgano rector de los partidos políticos, pues consideró que esto marca un nefasto comienzo para los magistrados que deberán velar por las próximas elecciones generales.

El medio afirmó que con estas acciones se ve en riesgo la consolidación de un modelo de democracia, debido a que lejos de demostrar apertura y transparencia, genera la impresión de que el país se encontrara en un régimen dictatorial.

Es inconcebible que profesionales que juraron cumplir las leyes sean quienes se presten a limitar el acceso a la información pública, lo cual no solo afecta a la prensa, sino también representa una afrenta a cada ciudadano que tiene derecho a estar informado, concluyó el matutino.

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