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Guatemala, 03 de Julio de 2014 (Cerigua).- Activistas y medios de comunicación manifestaron su rechazo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Telecom), que se discute en el Senado, al considerar que viola derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y el acceso a la información, no garantiza la neutralidad de Internet e impide la igualdad de género.
Integrantes del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) difundieron la “Carta abierta por neutralidad de la red. La Ley de Telecomunicaciones que queremos”, la que entregaron al Relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue y enviaron este miércoles al Senado.

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En la misiva, agrupaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-México), informaron por qué la iniciativa enviada por el Ejecutivo en marzo pasado es violatoria de los derechos humanos y enumeraron 18 puntos que deben contemplar las leyes secundarias en la materia.

Las 151 organizaciones firmantes, entre ellas la Asociación Mexicana de Derechos a la Información (Amedi), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (Amarc-Mx) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dijeron que la ley propuesta por el Estado “olvida garantizar el servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión, permite la censura previa, viola el derecho a la privacidad y sólo garantiza los derechos de las empresas”.

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Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones civiles es la discriminación en el acceso a internet en el que podría derivar la reforma, ya que no garantiza la neutralidad de la red y además la “privatiza”.

En conferencia de prensa las organizaciones consideraron la propuesta de leyes secundarias como un retroceso a las garantías constitucionales, y exigieron que se legisle para garantizar que internet “sea un espacio plural, abierto y equitativo”.

Entre otros puntos, subrayaron que las normas secundarias deben respetar el derecho a la privacidad, fomentar la pluralidad informativa, garantizar medios públicos con independencia editorial, garantizar la autonomía financiera y la sobrevivencia de los medios sociales, y no reducir los tiempos gratuitos en radiodifusión que están a disposición del Estado.

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