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Otto Perez Molina.

Guatemala, 02 de Julio de 2014 (Cerigua).- Las libertades de emisión del pensamiento, de expresión, de opinión y de información son derechos universales, intransferibles, irrenunciables, inviolables, innatos e imprescriptibles, por lo que el Presidente de la República no puede, ni debe interferir en la política informativa de ningún medio, señaló Ileana Alamilla, en su columna de opinión publicada este miércoles en Prensa Libre.
Otto Perez Molina.La periodista se refirió a las llamadas telefónicas que hiciera el Mandatario al Director del matutino Prensa Libre, para reclamar por publicaciones que no han sido de su agrado.

Alamilla recordó que venimos de una historia de reiteradas violaciones a la libertad de expresión y de prensa y siendo que los estudiosos miden el grado de democracia de un país por el estado de su libertad de prensa, las autoridades, especialmente del más alto nivel, están obligadas a respetar este derecho, promoverlo, protegerlo y sobre todo, acatarlo.

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El Presidente debe someterse a la legislación nacional e internacional y, aún cuando perciba que cualquier información proporcionada carece de veracidad, tiene canales para aclararla, refutarla o ampliarla, los que no deben incluir esa comunicación directa y reiterada como ha ocurrido en este diario.

La columnista recordó que la libertad de prensa es un corolario de la libertad de expresión y se ha considerado que constituye parte esencial de la dimensión social de la libertad de expresión, ya que tiene que ver con el medio idóneo para el intercambio de ideas.

Alamilla subrayó que uno de los Principios Básicos de la Relatoría para la Libertad de Expresión reza que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados deben garantizarlos, salvo las excepciones establecidas previamente por la ley, para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

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Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales, indica el Principio 7, en tanto que el Principio 11 señala que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

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