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Guatemala, 02 de Julio de 2014 (Cerigua).- La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) emitió un comunicado de prensa, en el que expresa sus preocupaciones, ante hechos del acontecer nacional que merecen un juicio ético, entre ellos la migración, el desempleo, la violencia y los conflictos sociales.
En relación a la migración hacia el norte, señala que es un fenómeno incontenible, que se agrava más en los últimos tres años porque involucra a menores de edad que son enviados desde acá por sus familiares; parten en busca de sus padres, que están indocumentados o que huyen de la violencia en sus lugares de origen y a veces en sus mismos hogares.

Los obispos consideran que la reforma migratoria en Estados Unidos no se inclina a favorecer la migración sino a restringirla; la migración sólo disminuiría si en el país crecieran las oportunidades de ingreso, se facilitara mayor inversión de capital y se dieran políticas públicas orientadas no solo al gasto público, al derroche clientelar o a la corrupción pura y dura, sino al favorecimiento de generación de empleos productivos.

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Asimismo, señalan que el desempleo crece pes el grueso de la población joven se suma a la población desempleada o subempleada; los datos apuntan a que solo una pequeña minoría consigue empleo formal; el resto de la juventud enfrenta el dilema de la migración, la informalidad o el crimen, como estrategias de sobrevivencia.

En cuanto a la violencia, el comunicado de la CEG, indica que es un drama cotidiano que nos desangra y que nos deshumaniza; se muestra así la enorme debilidad del Estado en todo el sistema de justicia y la falta de respeto al Estado por parte de quienes infringen gravemente la ley; la economía del crimen crece sin cesar, genera más empleos que la mayoría de sectores productivos y corrompe profundamente a la juventud.

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Con respecto a la electricidad generada por hidroeléctricas, los religiosos enfatizan que ésta es más amigable con el ambiente y más barata que la producida con combustibles; somos un país con abundantes recursos hidráulicos  y explotarlos racionalmente con vistas al bien común y al abaratamiento de la electricidad, es necesario.

Sin embargo, para la CEG es importante que las comunidades aledañas no vean a las hidroeléctricas como enemigas; se requiere para ello un trabajo de sensibilización, de proveer de información adecuada a las mismas comunidades, de otorgar beneficios locales proporcionados pero también se deben rechazar las acciones violentas generadas por grupos infiltrados, a quienes lo que menos les interesa es el bien común.

También abordaron la problemática del alto costo de las medicinas, por lo que señalan que abaratar a niveles de mercado las medicinas parece una demanda razonable y denunciar la manipulación de precios y los oligopolios es también justo.

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Los obispos consideran importante que se establezca un diálogo nacional que busque alcanzar consensos en temas de fondo y que tenga el suficiente músculo político para enfrentar, con acciones, algunos de los problemas de fondo señalados.

Llaman a poner atención a una nueva ley minera y de hidroeléctricas, que responda, en primer lugar al bien común nacional; también sugieren que se impulsen nuevas y eficientes políticas a favor de un sistema integral de salud para todos los ciudadanos.

Finalmente, piden redoblar esfuerzos para promover la creación de puestos de trabajo, lo evidentemente requiere de una mayor injerencia del Estado en la promoción pero también en el control y la defensa de las inversiones, que son las únicas que pueden generar empleos productivos.

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