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Guatemala, 12 de Junio de 2014 (Cerigua).- El Grupo de Apoyo Mutuo fue aceptado como querellante adhesivo en el caso que investiga el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos cometidas por quienes comandaron la base militar número 21, en Cobán, Alta Verapaz, entre finales de los años 70s y principios de los 80s.
Durante ese período de tiempo se cometieron al menos 533 muertes contra activistas sociales, docentes, académicos y campesinos del área; quienes comandaron la zona militar en ese período fueron varios integrantes de la cúpula militar.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha practicado la exhumación de las 533 víctimas de esta acción, en el marco del denominado terrorismo de Estado; los restos óseos constituyen prueba de la brutalidad con que las fuerzas armadas actuaron contra la población civil indefensa.

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El GAM fue aceptado como querellante adhesivo por la Jueza Carol Patricia Flores Polanco, quien se desempeña como titular del juzgado Primero “A” de mayor riesgo; esta figura le permitirá al Grupo de Apoyo Mutuo iniciar las acciones legales que podrán llegar a la justicia, misma que ha estado alejada de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de sus familiares.

Este proceso legal, que apenas inicia, constituye el primer paso de lo que podría ser uno de los mayores procesos penales en la historia guatemalteca, concluyó el GAM.

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