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Guatemala, 23 de Mayo de 2014 (Cerigua).- La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) realizan un proceso de exhumación en el caserío Xepalama, de la aldea Palama y en el Caserío Patoquer, de la aldea Hacienda Vieja, municipio de San José Poaquíl, departamento de Chimaltenango.

La CONAVIGUA recordó que, como resultado de los actos de persecución y represión, aplicados por el ejército de Guatemala en contra de la población civil, en los años 80, miles de personas fueron víctimas y perdieron la vida torturados, asesinados y masacrados; sus restos quedaron en cementerios clandestinos, en fosas individuales o colectivas, ubicados en destacamentos militares, en las montañas, barrancos, terrenos cultivables, cuevas y orillas de los ríos.

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El testimonio de un sobreviviente recuerda que el 10 de marzo de 1981, en el caserío Patoquer, todas las familias y vecinos huyeron de los soldados, que los perseguían; se escuchaban disparos por todos lados; él junto a su padre lograron escapar, pero su hermano y una hija de este fueron alcanzados por los militares cuando estaban por cruzar un alambrado y ahí los mataron; fueron asesinadas más de 90 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños.

Otro sobreviviente señala que el 18 de marzo de 1981, en el Caserío Xepalama, los pobladores realizaban sus actividades diarias, sin darse cuenta que el ejército los tenía rodeados y había capturado a varias personas; su hermano, todavía un niño, jugaba con otros pequeños, pero los soldados le dispararon; ese día perdieron la vida más de 20 personas.

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CONAVIGUA y las comunidades de Xepalama, Palama y Patoquer, destacan que a 33 años de las masacres y violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ocurridos en esas localidades contra el pueblo Maya Kaqchikel, reafirman que estos hechos son otra prueba de que si hubo genocidio en Guatemala.

Finalmente, CONAVIGUA exige al Estado respetar la autonomía del Organismo Judicial, para la aplicación de la justicia y no permitir que el Congreso de la República emita decretos de contribuyan a la impunidad, al decir que no hubo genocidio.

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