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Guatemala, 26 de Mayo de 2014 (Cerigua).- El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) presentó esta mañana su primer informe de labores, tras 17 años de funcionamiento, en el que resaltó que la falta de compromiso por parte del Estado y de la sociedad ha impedido avances en la protección de los derechos de esta población.
Sebastián Toledo, director de la institución, señaló que entre las principales acciones y logros de CONADI se encuentra la aprobación de la Ley de Educación Especial para Personas con Capacidades Especiales, aprobada en 2007, la gestión de becas para esta misma población y la realización de jornadas médicas móviles, para las personas que no pueden acceder a centros de salud.

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Asimismo, resaltó el convenio con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para la capacitación e inclusión laboral de estas personas.

En relación a los temas de política y acceso a la justicia, CONADI enfatizó que han realizado capacitaciones a nivel nacional para a jueces y magistrados sobre los derechos de las personas discapacitadas, así como la suscripción de convenios con varias entidades y organismos estatales.

Pese a estos avances, Toledo afirmó que aún existen limitaciones hacia las personas con discapacidad, en especial en el transporte público y en la infraestructura de edificios del Estado y privados.

En este sentido, Otto Mazariegos, presidente de la junta directiva del CONADI, destacó que las personas no videntes y que se movilizan en sillas de ruedas continúan siendo discriminadas por choferes y ayudantes de autobuses rojos.

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Mazariegos demandó que pese a que el Transurbano se catalogaba como un sistema moderno para Guatemala, las personas con discapacidad móvil se les dificulta el acceso debido a los molinetes y porque muchas veces no los dejan ingresar a sus perros lazarillos, por considerarlos agresivos.

En el tema de educación pública, el director de CONADI indicó que del total de la población discapacitada en edad escolar, solo un 10 por ciento estudia, por lo que se busca que el Ministerio de Educación implemente una política que garantice el acceso a estas personas.

De igual manera, lamentó que Guatemala sea el único país a nivel latinoamericano que no cuenta con una cuota de inclusión de personas discapacitadas en el sistema laboral.

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El director del Consejo dijo que el presupuesto asignado por el Estado para el funcionamiento de CONADI es inadecuado para atender a más de 2.3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas con discapacidad; actualmente el monto asignado es de Q10.6 millones, sin embargo Mazariegos aseveró que se necesitan por lo menos Q4 millones más.

El informe de labores de CONADI fue entregado a representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Secretaría de Planificación de la Presidencia y a miembros de la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad del Organismo Legislativo.

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