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Guatemala, 19 de Mayo de 2014 (Cerigua).- Sharol Ivonn Morales Chital, concejal suplente de la Municipalidad de Villa Nueva, denunció ante el Ministerio Público (MP) haber sido objeto de amenazas e insultos, por parte de dos concejales y un síndico, de esa comuna; los señalados le habrían manifestado que “por ser mujer no debía estar en ese cargo”.

ministerio-publicoDe acuerdo con la información, publicada en elPeriódico, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva decidió ligar a proceso y decretó arresto domiciliario contra Ever Noé Calderón Villatoro y Esteban Mollinedo Díaz, concejales quinto y sexto de la municipalidad Villanovana, medidas judiciales que también alcanzaron a Antonio Ramazzini Carrillo, síndico segundo del Concejo.

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Los tres fueron denunciados por Morales Chital el 5 de febrero de 2013; uno de los denunciados tuvo que pagar una caución económica de 15 mil quetzales para evitar la cárcel preventiva y se les prohibió acercarse a la demandante en su residencia o en las instalaciones de la Municipalidad.

A decir de la víctimas, los señalados utilizaron frases que evidencian un discurso machista, como “póngase a trapear”; “este es un lugar donde se toman decisiones importantes, donde se lavan trastos”; “no cobre sus dietas porque la vamos a denunciar y la vamos a meter presa”, entre otros.

La funcionaria edil advirtió que se siente muy amenazada y afectada psicológicamente ya que, a pesar de que el juez dictó las medidas de restricción y prohibió a los sindicados acudir a la municipalidad, estos han desobedecido la orden judicial.

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La Comisión Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) informó que desde el 2002 ha conocido 2 mil 400 denuncias por discriminación, de las cuales solo seis han llegado a los tribunales de justicia.

En 2009, un Tribunal de Sentencia Penal encontró culpables a tres personas por el delito de discriminación cometido contra la funcionaria Cándida González Chipir en el departamento de San Marcos, en el 2006.

En agosto de 2006 Cándida González Chipir, Maya Tz’utujil, quien laboraba en la oficina del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el municipio de Tecún Umán, San Marcos, fue objeto de burlas y desdén por parte del personal de esa institución; con asesoría de la entidad estatal que lucha contra el racismo y la Fundación Rigoberta Menchú Tum, se logró demostrar la acción de la discriminación, en el proceso penal el pasado 2 de septiembre.

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El delito de discriminación está contemplado en el artículo 202 del Código Penal, el cual establece que se entiende como tal toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad o cualquier otro motivo.

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