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Guatemala, 19 de Mayo de 2014 (Cerigua).  – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó el punto resolutivo aprobada por el Congreso, la pasada semana, en el que niega la existencia del genocidio en el país y afirmó que esta resolución no representa un paso constructivo para esclarecer las violaciones contra los derechos Humanos cometidas en el pasado.

El organismo interamericano consideró que esta declaración no representa un paso constructivo frente a los esfuerzos realizados para investigar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos, así como para combatir la impunidad.

De igual manera, mostró preocupación por las alusiones que el punto resolutivo hace sobre el proceso penal que se sigue por casos de genocidio en el país y además, por las recomendaciones dadas al Organismo Judicial de cómo actuar en este tipo de procesos.

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El punto resolutivo 3-2014, aprobado el martes 13 de mayo por el Congreso de la República, señala que es jurídicamente inviable que en Guatemala existiera el genocidio durante el Conflicto Armado Interno, de acuerdo con la legislación actual.

La declaración también señala que la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante este periodo propician condiciones contrarias a la paz e impedirán una reconciliación nacional, ante lo que recomienda al Organismo Judicial a impartir justicia que produzca paz, evitando influencias sectoriales.

Ante este último punto, la CIDH pidió al Estado a respetar el principio de separación de los poderes estatales y recordó que nuestra Carta Magna establece en su Artículo 46 que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

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El punto resolutivo en mención fue presentado por la bancada del Partido Republicano Institucional (PRI), ex Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido que gobernó a Guatemala del 2000 al 2004, administración que ha sido una de las más cuestionadas en los últimos tiempos por supuestos casos de corrupción.

La iniciativa fue apoyada por 87 legisladores, principalmente de la bancada oficial, del Partido Libertad Democrática (LIDER), TODOS, diputados independientes y un miembro del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

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