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Guatemala, 08 de Mayo de 2014 (Cerigua).- El Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) emitió un comunicado de prensa, en el que señala que la conflictividad generara en el territorio Maya Q’anjob’al, en el departamento de Huehuetenango, es responsabilidad exclusivamente del gobierno guatemalteco, al no cumplir con su deber de consultar previamente las medidas legislativas y administrativas, como se había comprometido el señor Miguel Ángel Balcarcel, del Sistema Nacional de Diálogo.

hidroelectrica-chixoyAsimismo, considera irresponsables, de mala fe y tendenciosas, las declaraciones de la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, en relación a que si las comunidades del pueblo Maya quieren luz, necesariamente deben apoyar las hidroeléctricas, porque la política energética impuesta por el Ejecutivo está dirigida a favorecer a las empresas nacionales y extranjeras, como sucedió con la Hidroeléctrica Chixoy.

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El comunicado señala que la versión de la empresa y funcionarios públicos, en relación a los acontecimientos en territorio Maya Chuj, se reduce a cuantificar daños económicos a la empresa hidroeléctrica; precisando que el deber constitucional del gobierno es proteger y garantizar los derechos de los pueblos Maya, Garifuna, Xinka y Mestizo.

El CPO considera que la imposición del destacamento militar en el territorio Maya Chuj, para proteger intereses empresariales, es una violación flagrante al compromiso asumido por el Estado, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a no desarrollar actividades militares en dichos territorios, a menos que lo justifique una amenaza real contra los pueblos.

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La organización exige al gobierno el retiro inmediato de las fuerzas armadas del territorio Maya Q’anjob’al, la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas y petroleras impuestas sin consulta, y el cese de la criminalización de ejercicio del derecho de legítima resistencia.

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