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Guatemala, 08 de Mayo de 2014 (Cerigua).- El nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que sea nombrado por el Presidente Otto Pérez Molina debe esclarecer quiénes fueron los responsables de los asesinatos de cuatro periodistas en el 2013, destaca un comunicado de prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

La APG recordó que los comunicadores que perdieron la vida de forma violenta en 2013 fueron Jaime Napoleón Jarquín Duarte; Luis Alberto Lemus Ruano; Luis de Jesús Lima y Carlos Humberto Orellana Chávez.

La entidad gremial manifiesta su total repudio, ya que hasta el momento el MP no tiene la certeza jurídica de quienes fueron los asesinos de los periodistas, considerando que ya se cumplió un año del primer crimen.

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El Observatorio de los Periodistas de CERIGUA ha exigido en la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos, donde participa, que el esclarecimiento de las muertes de los cuatro periodistas, en 2013, debe ser una prioridad del MP y de las autoridades de seguridad; sin embargo, a la fecha sólo se conoce de avances importantes en uno de los casos.

El Observatorio de los Periodistas de CERIGUA presentó el informe de Estado de Situación de la Libertad de Expresión, correspondiente al primer cuatrimestre de 2014, el que tituló: “¡SILENCIO!, Periodistas en Línea de Riesgo”, en alusión a la censura, autocensura y peligros que enfrentan en el que se destaca que la prensa se encuentra en un escenario donde existe una diversidad de actores al acecho de su trabajo.

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El estudio, que fue presentado en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, señala que los hechos violentos en contra de trabajadores de la comunicación en estos cuatro primeros meses del año evidencian que, en lugar de mejorar, el escenario se ha venido complicando.

Los datos de este reporte, 26 en total, muestran un aumento progresivo de violencia en contra de la prensa en donde los presuntos responsables tienen distintos orígenes: Policía Nacional Civil, autoridades, pobladores, fuerzas de seguridad, entre las identificadas.

Las agresiones físicas y verbales, las intimidaciones y el acoso judicial fueron las que en mayor número se reportaron y hubo un caso grave de intento de asesinato de un periodista en Suchitepéquez, añade el informe.

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Ante este tipo de violaciones y otras agresiones documentadas desde hace más de 10 años por el Observatorio de los Periodista, Cerigua, junto a ocho organizaciones de prensa departamentales, instó al gobierno a implementar un programa de protección al gremio.

La iniciativa fue acogida por el Ejecutivo, que se comprometió a implementarla en mayo del 2012, sin embargo fue hasta noviembre del año pasado que se iniciaron las gestiones para iniciarlo y hasta el momento ningún comunicador ha sido incluido en las discusiones centrales.

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