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Guatemala, 11 de Abril de 2014 (Cerigua). – El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) manifestó su preocupación  por la suspensión de la jueza Yassmín Barrios por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y consideró que esta medida deteriora la institucionalidad del país.

pdh-guatemalaEl Magistrado de Conciencia recordó que existen leyes específicas para el ejercicio y la disciplina de la judicatura, por lo cual la resolución del Tribunal de Honor atenta contra la independencia judicial.

Acciones como estás deterioran la institucionalidad al interferir en los ámbitos de competencia de uno de los tres poderes del Estado, aseguró de León, quien recordó que la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) conoció los mismos hechos por los cuales se suspendió a Barrios, sin embargo éste ente consideró que no existía falta alguna.

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El viernes 4 de abril la jueza Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, fue notificada de su suspensión por un año de sus funciones profesionales, bajo el argumento que le faltó el respeto al abogado Moisés Galindo, durante el juicio por genocidio el año pasado.

Ante esto Barrios presentó el pasado miércoles una impugnación por la resolución del Tribunal de Honor, afirmando que esta decisión la dependencia judicial, establecida en la Carta Magna.

Organizaciones nacionales e internacionales como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenaron la resolución y consideraron que con este hecho se prolonga la impunidad en Guatemala.

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Por su parte la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos externó su preocupación por la suspensión de Barrios, la cual dijo pone en peligro el trabajo de los Tribunales de Alto Impacto.

Nos preocupa que dichas acciones se suman a una larga lista de ataques, amenazas e intimidaciones sufridas por la Jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno, señaló la Alta Comisionada.

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