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Guatemala, 10 de Abril de 2014 (Cerigua).- El Colectivo Ecológico MadreSelva alertó sobre nuevas tensiones sociales en la comunidad La Puya, en San José del Golfo, debido al intento de la empresa minera Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMIGUA) y de Kappes Cassiday & Associates KCA, de ingresar maquinaria y camiones a la finca donde se encuentra el proyecto extractivo “El Tambor”.

De acuerdo con información de Prensa Comunitaria y de MadreSelva, el pasado jueves 9 de abril, en horas de la mañana, se hizo presente un desplegado de las empresas con maquinaria pesada; este es el segundo año que las poblaciones aledañas resisten al proyecto, pues afectará severamente la conservación del medio ambiente y la zona de recarga hídrica, que abastece en parte a la ciudad de Guatemala.

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Al lugar también se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), antimotines y del ejército guatemalteco; los trabajadores que conducían la maquinaría pesada comenzaron a burlarse de las mujeres que permanecían a la entrada del proyecto, pues son la mayoría de la población que resiste.

Algunos de los pobladores y representantes de las organizaciones sociales indagaron sobre cuál era el propósito de la maquinaria en el lugar, pero ninguno de los trabajadores sabía para qué se utilizaría; en La Puya también hubo presencia de observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

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Denis Colindres, encargado de comunicación de EXMIGUA, confirmo que se trata de maquinaria para remover tierra y preparación para la construcción de carreteras, que forma parte de la segunda fase de preparación para el ingreso de otro tipo de maquinaria.

Según el reporte de Prensa Comunitaria, la población exige el respeto a sus garantías individuales y colectivas, pues representantes de EXMIGUA y de Kappes Cassiday, así como trabajadores del proyecto han provocado, insultado y amedrentado a quienes permanecen en la entrada de La Puya.

En el 2014, la comunidad cumplió dos años de denunciar públicamente la insistencia de las citadas empresas por instalar el proyecto minero, pese a los pronunciamientos de rechazo al proyecto por alterar los recursos naturales, la economía y organización social de la población.

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