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Guatemala, 07 de Abril de 2014 (Cerigua). – La Comisión Internacional de Justicia (CIJ) mostró su descontento por la suspensión en sus funciones de la jueza Yasmin Barrios, por parte del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), pues considera que esta acción es improcedente y que además refuerza la impunidad en el país.

La CIJ señaló que el Tribunal de Honor del CANG no está facultado para emitir ese tipo de resoluciones, sino es la Junta de Disciplina del Organismo Judicial la encargada de sancionar a los jueces y juezas.

La resolución del Tribunal de Honor atenta contra la independencia judicial, contraviene el Artículo 203 de la Constitución Política de la República, y vulnera principios de derecho internacional, que reconocen la garantía de la independencia de jueces y magistrados, afirmó el organismo.

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Ramón Cadena, director de la Comisión, dijo creer que esta acción forma parte de un pacto para reforzar la impunidad en el país, el cual inició con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que recortó el periodo de la actual fiscal, Claudia Paz y Paz.

Asimismo, indicó que se debe investigar el actuar de los miembros del Tribunal de Honor y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie en defensa de la independencia del poder judicial.

El pasado viernes 4 de abril se dio a conocer que  el Tribunal de Honor del CANG suspendió por un año de sus funciones profesionales a la jueza Yasmín Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, además de imponerle una multa de Q5 mil 40 por haber ofendido a Moisés Galindo, defensor de Ríos Montt, durante el juicio contra el ex jefe de facto.

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El abril del pasado año la Junta de Disciplina del Organismo Judicial rechazó una denuncia contra Barrios, por el mismo caso, al considerarla improcedente, en tanto la CSJ rechazó tres antejuicios que se plantearon en contra de los tres integrantes del Tribunal A de Mayor Riesgo, entre ellos la jueza sancionada.

Los jueces también fueron denunciados ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), órgano que también consideró improcedente el señalamiento contra los profesionales de la ley.

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