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Guatemala, 24 de Marzo de 2014 (Cerigua).- Los diputados y otros funcionarios suelen ser reacios a dar a conocer sus ingresos, por temor a que los asalten o los conviertan en víctimas de extorsión, pero no han querido entender que ellos también son personas como todas, con la única diferencia de haber recibido un mandato que los obliga a servir a sus conciudadanos durante un período de cuatro años, destacó Carolina Vásquez Araya, en una columna de opinión.

Vásquez señaló que sus privilegios, por lo tanto, responden generalmente a una manipulación ventajosa del poder que se les ha confiado y raramente los salarios consignados en las nóminas corresponden a sus niveles de gastos o a su estilo de vida.

Sin embargo, cuando se intenta encontrar el secreto de la fórmula se cierran las compuertas en las narices de los intrusos, muchas veces bajo la excusa de ser “secreto de Estado”; fueron necesarias muchas presiones de la sociedad para que los representantes del pueblo legislaran sobre este tema, con resultado de la Ley de Acceso a la información Pública.

La columnista recordó que en su artículo segundo, numeral 4, la normativa especifica que los sujetos obligados, es decir, “toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general”, deberán mantener actualizada y disponible la información referente al “número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto”.

Eso quiere decir que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer en detalle los ingresos de sus representantes en el Legislativo, así como de secretarios, ministros y hasta del mismo Presidente, tal como suele practicarse en otras naciones democráticas; negar esta información ya no es, entonces, una opción legítima sino un acto reñido con la ley, anotó.

A decir de Vásquez, cualquier actitud de resistencia a este mandato es, por lo tanto, un resorte que aviva las sospechas de malos manejos del presupuesto, operaciones fraudulentas, sobornos y contrataciones ventajosas de beneficio personal.

El único modo de despejar esas dudas razonables de la ciudadanía es abrir los archivos y enseñar los detalles de la administración del dinero que tanto trabajo le cuesta generar al pueblo de Guatemala, concluyó.

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