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Guatemala, 31 de Marzo de 2014 (Cerigua).- La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) alertó sobre el peligro que asecha a la libertad de expresión en Guatemala, cuando políticos pretenden limitarlo, judicializarlo y beneficiarse económicamente de estas acciones, en tanto que la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) destacó que éste es un derecho que no puede conculcarse y quienes deseen participar en política o liderar al país, no pueden empezar por     sesgar opiniones, imponer criterio ni generar presiones.

La entidad defensora de la libertad de prensa de la APG dirigió su mensaje al gremio periodístico y a las entidades nacionales e internacionales que promueven y protegen la libertad de expresión; recordó que la semana anterior se conoció que personal de la Revista ContraPoder fue denunciado penalmente por lagunas personas aludidas en un reportaje que dicho medio de comunicación difundió en su edición del 21 de marzo y que tenía inexactitudes y por lo tanto, conclusiones equivocadas.

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El medio, en cumplimiento con la ley, al ser refutado el trabajo rectificó de inmediato, publicó la aclaración en el lugar correspondiente y pidió públicamente disculpas por el error cometido; sin embargo seis personas presentaron una denuncia penal contra el Director de la revista y posteriormente la ampliaron a todo el equipo, señalándolos de la comisión de cuatro delitos y exigiendo una millonaria suma de dinero en calidad de reparación del daño.

La Comisión rechaza los intentos de intimidar, censurar o amedrentar a los medios y periodistas con la pretensión de someterlos a la jurisdicción ordinaria, además de exigirles sumas millonarias por hechos que están calificando como delictivos, a través de denuncias presentadas de manera ilegal.

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Por su parte, la CGP manifestó su rechazo a las presiones judiciales contra los medios de comunicación, a través de la judicialización de la libertad de expresión; su condena a la manipulación de la opinión pública por parte de grupos o líderes políticos que buscan escapar de sus responsabilidades de transparencia a través de la distracción mediática.

Asimismo, censura la solicitud descabellada de 30 millones de quetzales de indemnización, cuando la revista ContraPoder aclaró oportunamente el error cometido en análisis; este acto únicamente puede obedecer al amedrentamiento a todos los medios a no seguir analizando comunicados que resultan ser parcialmente ciertos

Finalmente, ambas organizaciones de prensa indicaron que estarán alertas al imperio de la ley; la Cámara, además exhortó a abandonar estrategias de miedo, presión o coacción.

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