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Guatemala, 31 de Marzo de 2014 (Cerigua). – elPeriódico denunció la restricción que sufriera su reportero Rodrigo Estrada en Casa Presidencial, el pasado viernes, cuando se le negó la entrada a una conferencia de prensa que ofrecerían el Presidente Otto Pérez Molina y el Mandatario electo de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

Estrada fue designado para cubrir el encuentro entre Pérez Molina y Sánchez Cerén, sin embargo Carmen Mora, asistente del Secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas, le impidió ingresar, pese a que se identificó como miembro de la prensa.

El motivo aparente de negarle la entrada al reportero se debió, según el medio, porque dos días antes, el miércoles 26, cuestionó al Presidente sobre la entrega de la construcción de la Sala 13 Batkun, en el Aeropuerto La Aurora, a un ex ejecutivo de Gustavo Herrera, relacionado con una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y señalado por Pérez Molina de estar vinculado al narcotráfico, cuando fue comisionado presidencial de Oscar Berger.

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El diario recordó que el Artículo 35 de la Constitución, en su quinto párrafo, establece que “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.

En tanto la Ley de Emisión del Pensamiento, en su Artículo 5, señala que “La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información”.

Además, el principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece que toda persona podrá buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de la Convención sobre Derechos Humanos, que reza que toda persona debe contar con igual oportunidad para recopilar, buscar impartir información por cualquier medio, sin discriminación.

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El medio señaló también que de acuerdo con el Artículo 148 del Código Penal “El funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordene o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código, será sancionado con prisión de uno a tres años; igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios.

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