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Guatemala, 25 de Enero de 2014 (Cerigua).- La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar una acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, en contra de una disposición del Registro Nacional de Personas (RENAP), por lo que todos los guatemaltecos, de origen o naturalizados, pagaran lo mismo por la emisión de certificaciones de las inscripciones o reposiciones.

En su planteamiento, el Magistrado de Conciencia denunciaba la vulneración de los derechos de igualdad, locomoción y principios constitucionales referentes a los guatemaltecos de origen.

El Acuerdo 85-2012, referente al cobro de servicios por el RENAP, ampliado por el Acuerdo 23-2103, del directorio de ese ente, fijaba un costo de 500 quetzales en la emisión de estos documentos, para guatemaltecos naturalizados, extranjeros domiciliados y guatemaltecos de origen.

De León Duque denunció la vulneración de los derechos de igualdad, locomoción y principios constitucionales referentes a los guatemaltecos de origen, todos, disposiciones de la Constitución Política de la República.

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