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Guatemala, 09 de Enero de 2014 (Cerigua).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció que una misión de esa entidad llegará a Guatemala en febrero próximo para analizar in situ el caso del periodista Jose Rubén Zamora, y hablar con todas las partes.

De acuerdo con información de Prensa Libre, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, señaló que Guatemala es el único país en Latinoamérica donde un binomio presidencial acusa a un periodista ante distintas instancias.

A decir de Paolillo, la publicidad oficial negada y los juicios del presidente y la vicepresidenta hacen suponer que efectivamente hay un intento por acallar una voz, que será muy crítica, pero es una voz que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia.

Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, presentó ante el Ministerio Público (MP) solicitudes de antejuicio contra el Mandatario Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, a quienes señala de los delitos de abuso de autoridad y simulación de delito.

La citada petición legal fue interpuesta luego de que los funcionarios demandaran penalmente al periodista, argumentando que sus opiniones, críticas y denuncias a la gestión de turno, constituían hechos delictivos, lo que generó que la jueza de Femicidio Karen Jeannette Chinchilla prohibiera a Zamora “perturbar e intimidar” a la Vicepresidenta Baldetti, y el juez Décimo Penal, José Luis Patán, emitiera una orden de arraigo contra el presidente de elPeriódico.

Los memoriales de antejuicio presentados por Zamora detallan que tanto el Presidente como la Vicepresidenta de Guatemala argumentan que los supuestos delitos cometidos por el periodista fueron consumados cuando éste emitió publicaciones que contienen “ataques, denuncias, críticas o imputaciones” contra ambos funcionarios.

Sin embargo, estos actos no representan un ilícito, porque el Artículo 35 de la Constitución establece que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”; la Ley de Emisión del Pensamiento añade que esos mismos actos “no constituyen delito de calumnia o injuria”.

“En todo caso, el Presidente Otto Pérez Molina puede exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determina la ley, declare que las publicaciones que lo afectan se basan en hechos inexactos o que los cargos que se le han hecho son infundados, pero querellarse en la vía penal, haciendo acopio de las figuras delictivas de coacción, chantaje, extorsión, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los Organismo del Estado, alienta y consuma un manifiesto fraude procesal”, cita la solicitud de antejuicio.

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