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Guatemala, 02 de Septiembre de 2013 (Cerigua).-  El columnista Gabriel Orellana mostró su desacuerdo a la recomendación hecha por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque a Ricardo Méndez Ruiz, para que se abstenga de emitir publicaciones que afecten la dignidad de activistas de derechos humanos y evitar alusiones a la comunidad internacional en Guatemala, al considerar que en su actuación el defensor del pueblo rebasó el margen de la legalidad por razón de la materia.

Orellana recordó, en su columna ¿Dónde quedó la Constitución? II, que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha manifestado que “La libertad de emisión del pensamiento es de importancia trascendental, a tal punto que se le considera una de las libertades que constituyen signo positivo de un verdadero Estado constitucional de Derecho, conforme al rango privilegiado de este derecho, por mandato de la constitución”.

El columnista refirió que en la constitución se contemplan las faltas y delitos, respecto a la libertad de expresión, y se regula el procedimiento especial en que puede determinarse su comisión, así como las sanciones a aplicarse.

Desarrolla también los derechos de aclaración y rectificación, pues la libertad de emisión del pensamiento es garantía general, de observancia obligatoria para gobernantes y gobernados, y tanto protege a los medios de comunicación social, como les impone el respeto a la expresión del pensamiento a quienes no tiene acceso inmediato a los mismos, aseguró Orellana.

Al estudiar la ley en su conjunto, indicó el columnista, se advierte la intención del legislador constituyente de normar el ejercicio responsable de este derecho, debido a que tanto las autoridades como aquellos que desenvuelven su actividad en los medios de comunicación, son directamente responsables de velar por la ley y rechazar tanto los abusos en las publicaciones y el libertinaje.

Se debe rechazar la utilización de prácticas, ya sea que provengan de entidades privadas o públicas, que tiendan en cualquier forma a restringir la eficacia de la libre expresión del pensamiento, y de los derechos de aclaración y rectificación como contrapartida de ésta.

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