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bajo cc-by-sa. User Juandev - Wikipedia

Guatemala, 29 de Agosto de 2013 (Cerigua).-  Pese a las recomendaciones hechas por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para acabar con las subastas de frecuencias y democratizar el espacio radioeléctrico, el Estado guatemalteco ha hecho caso omiso de ellas.

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En esta semana, la Superintendencia de Telecomunicación (SIT) ofertó tres frecuencias en FM, con cobertura departamental, por un valor de Q6.71 millones, según publicó Siglo 21.

En la actividad participaron 13 radiodifusores y resultaron ganadores Roberto Adolfo Duarte Chinchilla, quien obtuvo la frecuencia de San Marcos, la Asociación de Comunicaciones Culturales Cristianas, frecuencias de Izabal, y Marco Antonio Chávez Salas, de Emisoras Unidas, obtuvo la de Retalhuleu.

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La frecuencia de San Marcos se ofertó en Q2.5 millones, la de Izabal en Q2.1 millones y la de Retalhuleu en Q2.1 millones; Eddy Padilla, titular de la SIT, indicó que la concesión de las frecuencias es en calidad de usufructo por 20 años prorrogables y conforme la tecnología avance, se revisan para que puedan reasignarse.

Estas acciones contravienen las recomendaciones que en más de una ocasión ha hecho la Relatoría Especial de la Liberta de Expresión de la OEA, que ha instado a eliminar las subastas como medio de asignar frecuencias y a modificar la actual Ley General de Telecomunicaciones, para democratizar el acceso al espacio radioeléctrico.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, en un informe sobre Guatemala, que “las subastas que contemplen criterios únicamente económicos o que otorguen concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores son incompatibles con la democracia y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”.

En tanto la Relatoría Especial indicó, en un estudio del 2010, que los criterios para asignar las licencias deben tener, como una de sus metas, fomentar la pluralidad y diversidad de voces, por ello, los requisitos para otorgarlas no pueden constituir una barrera desproporcionada para lograr estas finalidades.

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Cabe recordar que en noviembre del 2012 el Congreso de la República modificó la Ley de Telecomunicaciones, aumentando de 15 a 20 años el usufructo de las frecuencias radioeléctricas.

En octubre de ese mismo año, durante el Examen Periódico Universal (EPU), al que Guatemala fue sometido en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se recomendó al Es

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