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Guatemala, Diciembre 10 del 2012 (CERIGUA).-  La Nuera Era, que iniciará el 21 de diciembre, nos encontrará en condiciones de amplia exclusión de los pueblos indígenas, debido a la aprobación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que extendieron el usufructo de las frecuencias de 15 a 20 años, decisión que ni siquiera la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) tuvo conocimiento, señaló la periodista Ileana Alamilla, en su columna “Nuevo ciclo, viejas mañas”.

Alamilla indicó que estos activos del Estado, supuestamente administrados por la SIT, estarán indefinidamente en manos privadas, ya que además del aumento de cinco años en las concesiones, no se estableció cuántas veces puedan ser prorrogados, lo que significa que el usufructo prácticamente se convierte en propiedad.

Además del daño que se infringe a las arcas nacionales al no contemplar en esta iniciativa ningún beneficio en materia económica, el mensaje que se envió al pueblo y al ámbito internacional es de desprecio a las demandas nacionales e internacionales, afirmó la periodista.

En 2011 la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitó a los diputados del Congreso de la República reformar la vigente ley y permitir a los pueblos indígenas a acceder legalmente a las frecuencias de radiopara promover la defensa, desarrollo y alcance de sus lenguas, tradiciones, espiritualidad y otras expresiones culturales”.

Alamilla refirió que en múltiples ocasiones se ha dicho que el injusto acaparamiento de las tecnologías, medios y frecuencias de comunicación es un atentado contra la democracia y la libertad de expresión, además de que vulnera derechos fundamentales; añadió que es inaceptable que grandes empresas sigan explotando recursos nacionales propiedad del Estado y que la población es parte integrante del mismo.

El espectro radioeléctrico es un activo de enorme valor, que despierta la voracidad de transnacionales que buscan cómo obtener colosales beneficios a costa de migajas para disfrazar el saqueo; en este caso el negocio no les costará nada y como expresaron los diputados “los inversionistas tendrán garantizada la certeza jurídica que merecen por tan grande riesgo que implica poseer dichas frecuencias”.

En 2008, en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas se realizó únicamente una recomendación al Estado en relación a libertad de expresión y fue en relación a la modificación de la ley de telecomunicaciones para facilitar el acceso de la población y favorecer la existencia de radios comunitarias; este año se reiteró la recomendación, relatores de la Libertad de Expresión y la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos han insistido en el mismo sentido, indicó Alamilla.

Asimismo el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país lamentó que las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones no hayan sido el resultado de una amplia discusión con los distintos sectores de la sociedad, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos.

La igualdad que consagra la Constitución quedó aplastada en materia de libertad de expresión y además, según se sabe, ahora quieren tipificar delitos para criminalizar a las radios comunitarias, concluyó la columnista.

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