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Guatemala, Noviembre 28 del 2012 (CERIGUA).- Mientras el Presidente de la República, Otto Pérez Molina dirigió un mensaje a la nación, en el que argumenta la importancia de la Ley de Desarrollo Rural Integral y pide a la bancada oficial en el Congreso de la República que la respalde, la Cámara del Agro presentó una acción de amparo en contra del Presidente del Legislativo, Gudy Rivera y el resto de miembros de la junta directiva, para que se abstengan de someter al pleno la discusión de dicha iniciativa.

Al respecto, el diputado Amílcar Pop, dijo que las cámaras, aglutinadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) interfieren en la autonomía del Congreso, al presentar una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, sobre una ley que ni siquiera ha sido aprobada, con lo que sólo demuestra que el poder económico tradicional continúa imponiéndose sobre el Estado, creyendo que el país es su finca.

El abogado del CACIF, Stuardo Ralón, comentó que según  la Ley de Régimen Interior del Congreso, una iniciativa no puede superar en enmiendas el 30 por ciento del texto original, lo que sucede con esta propuesta, argumento que fue aprovechado para solicitar el amparo.

En su mensaje a la nación, el Presidente Pérez Molina señaló que esta normativa es la base sobre la cual se podrá levantar la economía campesina y asegurar la reducción sostenida de la pobreza entre las familias del campo.

El Mandatario subrayó que de ninguna manera atenta contra la propiedad privada y que, por el contrario, las instituciones que generaría la ley permitirían fortalecer la seguridad jurídica de todas las propiedades rurales.

Entrevistado en Emisoras Unidas, sobre la posibilidad de que la Ley de Desarrollo Rural Integral contenga una reforma agraria velada, Adrián Zapata, comisionado presidencial para el desarrollo rural dijo que el problema es que seguimos en el marco de la guerra fría y que cualquier interpretación que se haga de la normativa estará en el marco de esa polarización.

Zapata destacó que se enfatiza en los sentimientos y las visiones ideológicas y no se hace una interpretación general.

Por su parte, Carla Caballeros,  directora ejecutiva de la Cámara del Agro, consideró que de ser aprobada la iniciativa, lo único que se va a institucionalizar será la pobreza; dijo que el Estado tiene una deuda de 20 mil millones de quetzales con el Instituto Guatemalteco del Seguro Social y que en la ley se habla de la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural, que debería tener como mínimo un presupuesto igual al del Ministerio de Agricultura, que es de 1 mil 600 millones de quetzales.

Según Caballeros, es un absurdo e irresponsabilidad que el gobierno anuncie que la ley llevará el desarrollo, ya que una de las reformas promueve el trabajo familiar, que dejaría fuera de beneficio a las personas del campo de seguro social.

Al respecto, Zapata recordó que el gobierno ha plantado, en relación al desarrollo rural, una estrategia a la que denominó “la estrategia de las dos puertas”; por una parte se debe promover la inversión privada, nacional o extranjera, en los territorios rurales y se ha definido un marco general de política, pues aclaró que la inversión privada es indispensable para el desarrollo de los territorios rurales, pero hay que acotar cuál es el tipo de inversión que se requiere.

La segunda puerta es la de la economía campesina y el emprendimiento rural, porque la primera está construida sobre la base de que la inversión privada produce empleo y paga impuesto, por lo que hay que promoverla, pero la mayoría de la población guatemalteca sigue habitando en territorios rurales y de esa población, el 70 por ciento se encuentra en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión;  es imposible pensar que sólo la inversión privada va a satisfacer esa demanda de empleo, de actividad económica, que tiene ese 70 por ciento de la población, por lo que paralelamente hay que intentar con otras opciones.

El sector empresarial se opone al artículo 10, que  plantea que “mediante programas especiales y legislación adecuada” se “promoverá la transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra, al tener  como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político”; también al artículo 15, el cual establece que la política de participación social y desarrollo político que se debe crear con la ley debe garantizar la inclusión de la población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones en los espacios locales, municipales, departamentales, regionales y nacionales.

No están de acuerdo con la creación del ministerio de desarrollo rural integral, porque aducen que su presupuesto se equipara con el de Agricultura, pero no se establece para qué se usarán los recursos; el artículo 39 tampoco es del agrado empresarial, ya que plantea la creación de un consejo de participación y auditoría social que evaluará y analizará la institucionalidad existente para la regularización y acceso a la tierra, pero no establece qué mecanismos se utilizarán  para analizar este tema.

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2 Comentarios

  1. el cacif como siempre se opone, al desarrollo rural, como ellos tienen de lo que el pobre no tiene, esta bien que se oponen, pero que den soluciones económicas al problema, por eso los castillos hay que tenerles miedo porque el presidente del cacif viene de esa rama, SOLUCION AL PROBLEMA, QUE EL CACIF SAQUE UN POCO DE LAS MILLONADAS DELSUDOR DE LOS POBRES EN SU PODER Y QUE CREAN MICRO EMPRESAS PARA ELDESARROLLO EN EL AREA RURAL

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