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Guatemala, Noviembre 28 del 2012 (CERIGUA).-  El Congreso de la República decidió reformar,  la pasada semana, la Ley General de Telecomunicaciones, con la que amplió a 20 años las concesiones de las frecuencias de radio, televisión y telecomunicaciones, sin embargo el Estado no devengará nada por esta ampliación.

Información publicada en elPeriódico señala que en el mismo tiempo de concesión, pero con la diferencia de haberlas subastado, España logró 16 millardos de euros en un año, en tanto Brasil exigió la amplitud de la cobertura en zonas menos desarrolladas.

En Costa Rica, después de 60 años de monopolio estatal, el Estado sacó a concurso tres frecuencias para telefonías y tras las pugnas de oferta, el gobierno recibió 172 millones de dólares.

En el artículo 74 de la ley de telecomunicaciones se establecen procedimientos para realizar una subasta de frecuencias, las que son concedidas y vuelven al Estado si no se usan; las reformas agregan la posibilidad de renovar este derecho, es decir que el Estado no cobrará el uso de una banda radioeléctrica a menos que una compañía ya no la utilice.

Óscar Chinchilla, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), señaló que el país perdió la oportunidad de reformar los procesos sobre cómo se otorgan las frecuencias, así como la posibilidad de obtener un beneficio; se subvaloraron al no darle la dimensión del beneficio que se podía obtener, añadió.

Por su parte el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, expresó que se solicitaron informes para conocer si existe una violación en este proceso; las reformas a ésta norma aún deben ser sancionadas por el Legislativo, el Presidente Otto Pérez Molina aseguró que aún no las ha recibido.

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala lamentó que esta modificación a la ley no haya sido producto de una amplia discusión con sectores de la sociedad y que además no garantice el acceso a la comunicación para los pueblos indígenas.

Finalmente el diputado Álvaro Pop, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, afirmó que pedirá al Presidente vetar el decreto 34-2012 y dijo que estas enmiendas benefician a un pequeño sector y desfavorecen los intereses nacionales.

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