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Guatemala, Noviembre 21 del 2012 (CERIGUA).- El delito de desacato es utilizado, en muchas ocasiones, por gobernantes y funcionarios para acallar y amordazar a la prensa fin de que ésta no divulgue temas delicados; según el editorial de elPeriódico, titulado “Delito de desacato”, que alerta  sobre la existencia de personas y grupos intolerantes que buscan que este delito cobre vigencia nuevamente en el país.

La tipificación de este delito implica la ofensa de la dignidad o el decoro, falta de respeto, amenaza, injuria o calumnia a un funcionario o autoridad pública, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, ya sea de palabra o de hecho, en su presencia, por escrito o por medio de un medio de comunicación.

El matutino señaló que el Código Penal de Guatemala contemplaba el delito de desacato contra los presidentes de los Organismos de Estado y contra cualquier funcionario o autoridad pública,  e imponía sanciones de prisión  a los responsables.

Lo anterior, a pesar de que en el Artículo 35, párrafo segundo, de la Constitución como en la Ley de Emisión del Pensamiento se establece que no constituye delito o falta, calumnia o injuria, las publicaciones que contengan denuncias, críticas, ataques o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, aún cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación.

Los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal, que tipificaban el delito de desacato en Guatemala eran claramente incompatibles con los dicho precepto constitucional, por ende, eran nulos de pleno Derecho, recordó la postura editorial de  elPeriódico, este ilícito fue expulsado de la legislación guatemalteca, gracias a un recurso de Inconstitucionalidad planteado por el Abogado y Periodista Mario Fuentes Destarac.

Respecto a este delito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la amenaza de responsabilidad penal por deshonrar la reputación de un funcionario público, inclusive como expresión de juicio de valor o una opinión, puede utilizarse como método para suprimir la crítica y a los adversarios políticos.

La CIDH también indicó que las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas, y no menos, al escrutinio y a  la crítica del público, dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, por lo que deben mostrar mayor tolerancia a la crítica.

En febrero del 2006, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal, los cuales quedaron sin vigencia a partir de su publicación en el diario oficial, el 12 de abril de ese año; en la actualidad los únicos países latinoamericanos que han abolido éste delitos son Guatemala, Costa Rica, Honduras, Argentina, Paraguay y Perú.

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