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Guatemala, Noviembre 13 del 2012 (CERIGUA).- Invertir en la superación de la pobreza indígena constituye una obligación estatal básica para implementar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, para garantizar la supervivencia de los pueblos originarios y su aporte al porvenir de América Latina.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no es posible entender la pobreza de la niñez indígena sin considerar el empobrecimiento sistemático al que han sido sometidos sus pueblos.

De acuerdo con la información de las entidades, toda política pública dirigida a superar la pobreza infantil indígena tendrá que considerar de manera sinérgica la situación de los pueblos originarios.

El artículo “El derecho al bienestar para la infancia indígena: situación y avances en América Latina”, subraya que en la región el 88 por ciento de los indígenas menos de 18 años sufren algún tipo de privación, frente al 63 por ciento de la población general del mismo grupo etario.

La CEPAL y UNICEF destacaron que esta situación es una expresión de la violación a los derechos de los niños y niñas a la supervivencia y el desarrollo e implica un alto costo para la sociedad en términos de capacidades humanas e inclusión social.

Los niños y niñas indígenas de la región sufren una privación severa de acceso a la educación, al agua potable y la vivencia tres veces mayor que el resto de la infancia de su edad.

Cerca del 6.3 por ciento de los niños y niñas indígenas de 7 a 18 años ven agravantemente vulnerado su derecho a la educación, ya que no han accedido a ella formalmente o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudios, en el caso de la infancia no indígena esta situación alcanza sólo al 1.9 por ciento, razón por la cual se recomienda fortalecer la educación intercultural bilingüe.

El documento hace énfasis en que el 65 por ciento de la niñez indígena sufre privación severa de vivienda y el 19 por ciento privación moderada, además en materia de acceso al agua potable, los resultados también son desalentadores, el 30.5 por ciento no tienen acceso y el 51.8 por ciento sufre privación severa a saneamiento.

Finalmente, ambas entidades advirtieron que las inequidades están estrechamente ligadas a las desigualdades territoriales, pues los pueblos indígenas se asientan en mayor proporción en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos y la oferta de bienes y servicios del Estado es más eficiente.

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