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Guatemala, Octubre 19 del 2012 (CERIGUA).- Este 24 de octubre Guatemala será evaluada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), en el que la delegación nacional tendrá 70 minutos para exponer sus logros, la situación del país y, de ser necesario, adquirir nuevos compromisos.

Información publicada por elPeriódico señala que el EPU se estableció hace seis años y que esta es la segunda ocasión que se evalúa a Guatemala; en la primera, efectuada en 2008, fueron formuladas 43 recomendaciones, por lo que ahora se verificará su cumplimiento.

Jorge Parra y Antonio Cisneros, del equipo EPU, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), informaron que el procedimiento busca evaluar la situación de las garantías fundamentales en períodos de cuatro años y medio y que a todos los países se les trata por igual.

Naciones Unidas presta el foro ubicado en Ginebra, Suiza y sin limitaciones, cualquier país puede preguntar y recomendar a Guatemala; el tiempo de intervención es de dos a tres minutos y la sesión dura tres horas; en la próxima semana también serán evaluados Argentina y Perú.

Una delegación del capítulo latinoamericano de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX-ALC), realizó recientemente trabajo de cabildeo con 40 misiones acreditadas en la sede de la ONU en Ginebra, para promover recomendaciones sobre el derecho a la libertad de expresión, en el marco del EPU.

La agencia Cerigua destacó a las misiones diplomáticas que integran el Consejo de Derechos Humanos, la necesidad de que Guatemala adopte un programa de protección para periodistas, para prevenir ataques contra la prensa y que se fortalezca la Unidad del Ministerio Público que investiga las agresiones, para acabar con la impunidad, así como la modificación a la Ley de Telecomunicaciones, la única recomendación anterior en el tema libertad de expresión.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó recientemente una resolución que insta a los Estados a investigar los crímenes suscitados contra periodistas y facilitar su trabajo, sobre todo de quienes se encuentran en situación riesgosa; asimismo insta a promover un ambiente idóneo donde los trabajadores de la información puedan desempeñarse con independencia y señala la necesidad de darles mayor protección, así como a las fuentes.

Dicha resolución del Consejo de Derechos Humanos requiere a los estados dar los pasos necesarios para promover la seguridad de los periodistas, los que deberían incluir “medidas legislativas, iniciativas para aumentar la conciencia del sistema judicial, para que los funcionarios y el personal policial y militar apliquen las leyes; se anima también a los estados a introducir “programas de protección, basados en las necesidades y retos a nivel local, a incluir medidas específicas de protección que tengan en cuenta las circunstancias individuales de las personas en peligro, así como -donde fuera aplicable- las buenas prácticas de distintos países“.

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