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Guatemala, Octubre 15 del 2012 (CERIGUA).- En el próximo Examen Periódico Universal (EPU), que realizará a Guatemala  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se presentarán avances, como la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó Antonio Arenales Forno, titular de la Secretaría para la Paz.

En entrevista ofrecida a elPeriódico, Arenales destacó que también se expondrán los tres pactos del Ejecutivo, “Hambre Cero”, “Fiscal y Seguridad” y “Justicia y Paz”; el funcionario agregó que la reciente muerte de seis pobladores en Totonicapán, a manos del ejército, será un tema que deberá mencionarse.

Arenales destacó que el examen se da en un momento en que el gobierno de Guatemala está asumiendo, por lo que el informe se centrará en los últimos cuatro años y luego se enfocarán en los compromisos y recomendaciones que reciban.

Una delegación de IFEX ALC conformada por el Centro de Reportes Informativos de Guatemala Cerigua, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú y la Asociación por los Derechos (ADC), de Argentina, apoyada por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) realizó cabildeos ante misiones diplomáticas y sostuvo reuniones con Estados observadores, para solicitar que realicen recomendaciones a favor de la libertad de prensa y expresión en estos países.

Entre las recomendaciones que se realizaron para Guatemala están que el Estado adopte e implemente un Programa de Protección de Periodistas, tal y como se anunció el pasado 3 de mayo, que sea fortalecida la Unidad de Delitos contra periodistas del Ministerio Público (MP), que sea evaluada la ley de telecomunicaciones, calificada por las Relatorías de  OEA y la ONU como antidemocrática, excluyente y discriminatoria y adaptarla a los estándares internacionales vigentes.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó recientemente una resolución que insta a los Estados a investigar los crímenes suscitados contra periodistas y facilitar su trabajo, sobre todo de quienes se encuentran en situación riesgosa; asimismo insta a promover un ambiente idóneo donde los trabajadores de la información puedan desempeñarse con independencia y señala la necesidad de darles mayor protección, así como a las fuentes.

Dicha resolución del Consejo de Derechos Humanos requiere a los estados dar los pasos necesarios para promover la seguridad de los periodistas, los que deberían incluir “medidas legislativas, iniciativas para aumentar la conciencia del sistema judicial, para que los funcionarios y el personal policial y militar apliquen las leyes”.

“Se anima también a los estados a introducir “programas de protección, basados en las necesidades y retos a nivel local, a incluir medidas específicas de protección que tengan en cuenta las circunstancias individuales de las personas en peligro, así como -donde fuera aplicable- las buenas prácticas de distintos países”.

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