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Guatemala, Octubre 10 del 2012 (CERIGUA).-  Tras aprobarse en junio pasado un proceso de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciara un periodo de consultas públicas para recibir opiniones y comentarios acerca de la misma, el Estado de Guatemala envió la pasada semana sus comentarios para incidir en el fortalecimiento de este órgano interamericano.

La Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo llegar a la Secretaría de la CIDH sus comentarios sobre cinco módulos de consulta: I Sistema de petición individual; II medidas cautelares; III monitoreo de situación de países; IV Promoción, universalización y transparencia; V otros aspectos relacionados con el fortalecimiento.

En relación al Modulo IV, el Estado consideró preciso que la Comisión Interamericana continúe realizando actividades de promoción de los derechos humanos, donde actores de la sociedad civil y funcionarios del Estado puedan participar en el conocimiento de las labores que realiza, para promover los derechos fundamentales en la región; asimismo consideró que los países deben solicitar asesoría a la CIDH para formular e implementar políticas públicas que respeten y garanticen los derechos humanos.

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Es necesario que las recomendaciones emitidas por la CIDH sean congruentes con la situación, condición y posición del Estado para lograr su cumplimiento y de igual manera, el ente interamericano debe definir en sus informes de fondo, quiénes son las víctimas que el Estado debe reparar y la cantidad que deberá entregar como indemnización económica, tomando en cuenta la capacidad del Estado, señala el documento.

Guatemala ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en casos de violaciones a los derechos humanos suscitados después del 9 de marzo de 1987, luego de que el Estado reconociera este órgano, sin embargo dijo no aceptar que la Corte conozca los efectos continuados de hechos acaecidos antes de esa fecha.

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Debido a que la CIDH ha argumentado que la principal causa de las deficiencias en su trabajo se debe al poco presupuesto asignado, Guatemala propuso que el órgano indique el monto que necesita para operar y en esa medida, y acorde a las posibilidades económicas de los Estados, se deben fijar cuotas para que estos aporten a la Comisión.

En torno al monitoreo de la situación de países, Guatemala creo pertinente establecer un procedimiento del informe final de la CIDH, en el que se debe contemplar que los estados tengan conocimiento de su contenido, previo a ser publicado, para la presentación de las observaciones y recomendaciones que se consideren pertinentes; de igual manera propuso incluir a todos los Estados en este informe final.

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De igual manera, el Estado expresó que el plazo razonable de la medida cautelar deberá cumplir con el periodo de seis meses, con posibilidad de prórroga, siempre y cuando la Comisión solicite a la Corte prolongar ésta habiéndose establecido que los beneficiarios continúan en situación extrema de urgencia y gravedad.

La prórroga de la medida cautelar no debería estar condicionada hasta que el caso sea esclarecido, por lo contrario, si el pronunciamiento del Estado se fundamenta en que se encuentra investigando los hechos que motivaron la medida cautelar y las condiciones de urgencia y gravedad ya no están presentes, debería procederse a su levantamiento, consideró Guatemala.

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