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Guatemala, Septiembre 03 del 2012 (CERIGUA).- El Examen Periódico Universal (EPU) realizado al Estado guatemalteco en el 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó enmiendas a la Ley de Radiodifusión, para garantizar el funcionamiento adecuado y libre de las emisoras locales o comunitarias; cuatro años después, el punto continúa pendiente.

Un nuevo examen para Guatemala se llevará a cabo el próximo 24 de octubre, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; se trata de un mecanismo para evaluar el estado y la vigencia de los derechos humanos en los países miembros de la ONU.

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La recomendación 38 en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, señala que Guatemala debía enmendar entre el 2008 y el 2012, la Ley de Radiodifusión para garantizar a las poblaciones más pobres, el acceso a la libertad de expresión y de información.

Un análisis elaborado por la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, destaca que persiste el acoso hacia las radios locales, las que enfrentan dificultades para operar legalmente a raíz del sistema de subastas para venta de frecuencias radiofónicas.

Esa situación afecta directamente el acceso a medios de comunicación para los pueblos indígenas y es causada en parte por el fenómeno de concentración de propiedad de los medios, enfatiza el informe de la Convergencia por los Derechos Humanos.

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Los Estados miembros de la ONU son examinados bajo ese mecanismo cada cuatro años; el próximo 22 de octubre será evaluada la situación de los derechos humanos en Argentina y el 24 corresponderá a Guatemala y a Perú.

Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo durante una visita académica a Guatemala que en muchos países una sola persona es dueña de cadenas televisivas, radiales y publicaciones escritas.

Es un fenómeno que impide el pluralismo y la diversificación de temas y fuentes, que conlleva a la violación de la libertad de expresión y de información, además que afecta  principalmente a las poblaciones históricamente más excluidas y discriminadas, concluyó Botero.

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