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Guatemala, Agosto 22 del 2012 (CERIGUA).- Es tarea del gobierno y de todos los que trabajan e intervienen en el sector de la comunicación, promover el respeto y difusión de las culturas indígenas,  como lo recoge el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló Ileana Alamilla, en su columna “Voces Múltiples”.


Alamilla recordó, en su espacio de opinión publicado en Prensa Libre, que el derecho a la información es considerado uno de los principales instrumentos para la participación ciudadana, garantizar el pluralismo y favorecer condiciones para que diversas voces puedan expresarse.

Según dicho compromiso, el gobierno debía tomar decisiones, entre ellas abrir espacios en los medios oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en los medios privados, además de promover ante el Congreso las reformas necesarias en la ley, para facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de medios de comunicación, indicó la columnista.

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A decir de Alamillla, aunque para muchos los Acuerdos de Paz ya no son lo que fueron, la obligación persiste y se mantiene la vigilancia internacional sobre este incumplimiento; recordó que en días pasados, el Relator para la Libertad de Expresión y de Opinión de la ONU, Frank La Rue realizó una visita oficial a Honduras, la que coincidió con un evento organizado por la SIP, donde ofreció asesoría al Presidente Lobo para garantizar que la posesión de los medios sea con participación de pueblos indígenas.

El Mandatario hondureño externó su convicción de la necesidad de asegurar un pluralismo real, facilitando condiciones de igualdad en la propiedad y uso de las frecuencias para buscar equilibrios, mensaje que, aunque sea en el discurso, para Alamilla es alentador.

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La columnista dijo que en Guatemala tenemos un problema similar al de Honduras, pues la ley de Telecomunicaciones establece el sistema de subasta para la asignación de frecuencias, procedimiento excluyente y discriminatorio, que privilegia el aspecto económico para otorgar parte del patrimonio de todos los ciudadanos.

El presidente guatemalteco, signatario de los Acuerdos de Paz, tiene aquí una oportunidad para ser consecuente, concluyó Alamilla.

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