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Amnistía Internacional

Guatemala, Agosto 23 del 2012 (CERIGUA).- Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades guatemaltecas abrir los archivos militares, ya que esto podría ayudar a resolver muchos casos de violaciones de derechos humanos y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia.

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A decir de Sebastián Elgueta, investigador de América Central de AI, la justicia tardó más de tres décadas en alcanzar a Pedro García Arredondo, ex jefe de la policía; fue condenado a 70 años de prisión por la desaparición y tortura en 1981 de un estudiante universitario.

La sentencia del tribunal guatemalteco, emitida el martes, fue calificada por Amnistía Internacional como un enérgico mensaje de que, incluso transcurridos treinta años, se puede hacer justicia.

Elgueta señaló que la justicia tardó pero esta sentencia transmite un mensaje de que los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala rendirán cuentas de sus actos.

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García, ex jefe del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional, fue declarado culpable de ordenar la desaparición forzosa del estudiante de agronomía Édgar Enrique Sáenz Calito, durante el conflicto armado interno del país; los jueces también concluyeron que éste planificó, cooperó y apoyó en la desaparición y que el procesado tenía plena autoridad y conocimiento de lo que ocurrió.

El 4 de marzo de 1981, agentes del Comando Seis de la Policía Nacional detuvieron al estudiante por supuesto atentado contra la seguridad interna de la nación, tras encontrarle en posesión de textos del grupo de resistencia armada Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas.

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Según los testigos, Sáenz fue llevado al “cuartito”, un lugar que solía usar el Comando Seis para interrogar a presuntos guerrilleros durante el conflicto armado interno.

Sáenz y su familia sufrieron una terrible experiencia a manos de las fuerzas de seguridad de Guatemala, pero al fin se hizo justicia y la sentencia dará a las decenas de miles de víctimas y familiares de víctimas más la esperanza de que ellos también verán a sus torturadores rendir cuentas por los abusos que cometieron durante el conflicto armado en el país, dijo Elgueta.

Finalmente, el investigador de AI anotó que los esfuerzos en curso por enjuiciar a los responsables de violaciones de derechos humanos en Guatemala deben avanzar.

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De acuerdo con la información, la esposa de la víctima, Violenta Ramírez Estrada, declaró al tribunal que visitó a su esposo en un hospital penitenciario tras su detención y tenía señales de haber sido torturado.

Sáenz fue sometido a golpes, simulacros de ahogamiento y quemaduras de cigarrillos, además le aplicaron descargas eléctricas en los órganos genitales; el 9 de junio de 1981 fue puesto en libertad por la falta de pruebas, pero minutos después de que saliera del edificio, cuatro hombres armados vestidos de civil le introdujeron en un vehículo y se lo llevaron.

Ramírez dijo que debido al acoso continuo de las autoridades tras la desaparición de su esposo, tuvo que exiliarse junto con su hija.

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1 Comentario

  1. Un pueblo que tiene su vision al pasado no tiene tiempo de pensar en su futuro, posible sea tonto lo que dire pero una venganza no revive a mi muerto, al contrario creo otro estadio de terror, los politiqueros que tienen necesidad de sumas, aprovechan estas situaciones. Si alguien tiene pruebas de algo “hoy debemos de saldar esa cuenta”, para mañana tendremos un pasado y este no nos da luz ni en el cerebro ni en el corazon para alcanzar un futuro promisorio, es hora de levantar las barreras que han impuesto un sinfin de estupidos y hacer patrimonio a nuestros hijos hacia un futuro.

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