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Guatemala, Julio 24 del 2012 (CERIGUA).- El Estado de Sitio en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, que duro 18 días, tuvo tres objetivos: defender los intereses de Hidro Santa Cruz, profundizar el proyecto militar de control y miedo de la empresa y debilitar, desarticular y neutralizar la lucha y resistencia comunitaria en contra de la hidroeléctrica, afirmaron Quimi de León y Cecilia González, en la revista “Diálogo” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

El artículo “Santa Cruz Barrillas: los intereses detrás de un Estado de sitio” muestra elementos para comprender los motivos del Ejecutivo a declarar un Estado de sitio en dicho municipio, así como para mostrar que el interés detrás de la medida gubernamental no fue salvaguardar el orden público sino detener la oposición a las actividades de la empresa española.

La administración de Otto Pérez Molina mantiene, al igual que gobiernos pasados, una política energética basada en el fomento de inversiones privadas que favorezcan los capitales nacionales y extranjeros; según el Artículo 5 de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovables, se estipula una exención de los derechos arancelarios de importación, IVA, cargas y derechos consulares en la importación de equipo y materiales para las etapas de pre inversión y ejecución.

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Asimismo, dicta una exención del pago del ISR por 10 años, para la etapa de operación comercial; en resumen los proyectos hidroeléctricos son construidos con dinero del Estado, con impuestos que jamás llegaron erario nacional y que permiten cuantiosas ganancias, con altos costos sociales, ambientales y políticos, declaró Luis Solano.

Hidro Santa Cruz, propiedad de los hermanos españoles Castro Valdivia, inició operaciones en Santa Cruz Barillas en 2008 y durante su crecimiento económico la empresa ocultaba el nombre de sus propietarios, desconocía los estudios de impacto ambiental, ignora las opiniones contrarías emitidas por los pobladores y por la misma municipalidad; en una escala de imposición recurre a la compra de voluntades, la denuncia de líderes comunitarios, así como las amenazas directas e indirectas, mediante una empresa de seguridad privada.

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El 23 de junio del 2007 46 mil habitantes de Santa Cruz Barrillas manifestaron mediante una consulta comunitaria explicita y rotundamente su oposición a las actividades mineras en el municipio, y ésta se basaba en la Constitución Política, el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que les otorgaba el derecho a ser escuchados cuando se trataba de actividades en su territorio.

Según el analista Andrés Cabañas, la empresa estableció alianzas con partidos políticos a favor de la oligarquía en el municipio en mención así como con el actual gobierno, y según denunciaron comunitarios Hidro Santa Cruz apoyó la campaña del actual Mandatario; los pobladores han reportado amenazas vía telefónica a personas quienes se oponen al proyecto, disparos al aire, agresiones verbales y psicológicas hacia las mujeres por parte de seguridad privada y amenazas de muerte por parte de trabajadores.

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Por su parte, el investigador social Santiago Bastos, declaró que se ha querido dar la imagen que los doce detenidos durante el Estado de sitio son unos criminales, a quienes en su momento se les vinculo con el narcotráfico o con manipulación extranjera, sin embargo todos ellos son líderes comunitarios que se oponen al funcionamiento de la hidroeléctrica.

El Presidente calificó a la población de Barrillas como violenta e ingobernable, así mismo aseguró que existían supuestos grupos de colaboradores del narcotráfico en la región y que organismos internacionales querían venir a provocar a las fuerzas castrenses.

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