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Guatemala, Abril del 2012 ( CERIGUA).- Integrantes del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) pidieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) que declare inconstitucional el artículo que impide la vinculación de las consultas comunitarias, en la Ley de Minería.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Consejo recientemente y aceptada por la Corte de Constitucionalidad el pasado 11 de abril de 2012, acción que representa un avance en la defensa de los territorios afectados por las transnacionales que intentan asentarse para realizar trabajos de exploración y explotación.

El Estado ha incumplido con la obligación de consultar a los pueblos sobre medidas legislativas, administrativas y ejecutivas en el tema de minería, establecidas en instrumentos internacionales, signados y ratificados por las autoridades, expresó Lolita Chávez, integrante del Consejo.

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Los representantes del CPO, hicieron un llamado a las poblaciones indígenas para que mantengan la unidad y continúen vigilantes del proceso de inconstitucionalidad, que debe ser resuelto por la CC en los próximos días.

El Consejo de Pueblos de Occidente recordó a la magistratura de la CC que la tardanza en los procesos impide la vigencia del derecho de acceder a la justicia, sobre todo a las sociedades en situación de vulnerabilidad, entre ellas las comunidades indígenas.

De acuerdo con la citada organización, la Ley de Minería es un instrumento que facilita el saqueo y la destrucción de los bienes naturales y los ecosistemas; asimismo impide que las autoridades tomen en cuenta la opinión de las comunidades sobre el establecimiento de proyectos mineros en sus territorios.

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La cosmovisión maya también es afectada negativamente, ya que interrumpe la conexión histórica que el ser humano tiene con el ambiente y que ha sido defendida por los pueblos originarios históricamente, señala la información del CPO.

Entre las organizaciones que apoyaron la presentación de la acción de inconstitucionalidad se encuentran: los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Consejo Maya Mam de Quetzaltenango y el Consejo de los pueblos Kichés, entre otras.

El CPO aglutina a doce pueblos mayas y al mestizo; han promovido el derecho ancestral de consulta en sesenta municipios, particularmente en la zona occidente de Guatemala, en la que han participado aproximadamente un millón de personas.

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