Guatemala, Marzo del 2012 (Glenda Sánchez/AGN).- Aplicar la castración química a los violadores de niños y mujeres es el objetivo del proyecto de ley presentado por el diputado Fernando García a la Dirección Legislativa del Congreso, para combatir este delito que el año pasado se incrementó en un 16%, según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Foto: AGN

La iniciativa genera opiniones encontradas en diferentes sectores de la sociedad civil, que consideran que debe analizarse, ya que su aprobación significaría un retroceso a la época de gobiernos autoritarios y violación a los derechos humanos.

La propuesta obliga al convicto a someterse a una castración química realizada por médicos forenses, mediante un medicamento llamado Depo-Provera, aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para el control de natalidad, el cual contiene progesterona sintética.

El medicamento se aplicaría mediante una inyección, cuyo efecto es inhibir y prevenir. Según datos oficiales, en Guatemala, entre cinco y siete mujeres y niños sufren alguna tipo de violación al día. Las víctimas son en su mayoría menores de edad, afirma el proyecto de ley, basado en estadísticas de la Fiscalía de la Mujer.

La castración química se aplicaría por dosis dependiendo la gravedad del delito, previo a recibir un tratamiento psicológico. En casos reiterados, ésta aumentaría o incluso podía dictarse la amputación quirúrgica del órgano reproductor.

“Debido a que el objetivo de los centros preventivos es rehabilitar y reintegrar a la sociedad al privado de libertad, no se propone la castración quirúrgica al momento de emitida la condena”, explica el parlamentario.

Según una publicación del portal noticiasnet.com.ar, las tasas de reincidencia son muy altas entre los delincuentes sexuales una vez son puestos en libertad, las cuales rondan entre el 70% y 80%, de acuerdo a estudios.

España, Polonia, Alemania, Suecia, Dinamarca y algunos estados de Norteamérica tienen legislaciones vigentes en las cuales se aplica la castración química a los violadores. En Perú y Argentina trataron de aplicarla, pero la iniciativa fracasó.

Cifras locales

Las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revelan que en 2011 se registraron 3 mil 940 violaciones de mujeres y 327 de hombres (en estas cifras se incluyen niños y niñas), lo que significa un incremento del 16% y 3.5%, respectivamente, comparado con las cifras de 2010, cuando se reportaron 3 mil 396 violaciones a mujeres y 317 a hombres.

El Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) reportó que en 2011 se impusieron 115 condenas por abuso sexual y hubo 31 absoluciones.

Opiniones encontradas

“Es una iniciativa inadecuada retroactiva, pues los métodos son de gobiernos autoritarios, donde a los acusados de robar se les quitaba una mano. Lo que se está haciendo es convertir el Derecho Penal, que tiene como objetivo rehabilitar al privado de libertad a reinsertarse a la sociedad, en un método de represión que se asemeja a la pena de muerte”, opina Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

Una de las acciones que podría contribuir a la disminución de estos casos es realizar un estudio, para determinar si se trata de un problema social de seguridad o psicológico de las personas que cometen estos actos, y dependiendo de los resultados, tomar medidas sancionatorias y no autoritarias para erradicar el problema, asevera Rodenas.

Por su parte, Blanca Yolanda Sandoval Arroyo, de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP), manifiesta que la propuesta es interesante, pero antes de aprobarse hay que conocer las normas internacionales, para que Guatemala no sea señalada de atentar contra los Derechos Humanos. Asegura que las violaciones son una consecuencia del debilitamiento que existe en el área de seguridad y justicia.

Susana Vásquez, coordinadora de la Organización 8 de Marzo, afirma que para emitir una opinión tendría que conocer la propuesta, pues a veces se involucra a la mujer en temas que, al aprobarse las iniciativas, no cumplen con lo establecido.

Un sondeo realizado por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) a 50 personas, sobre su postura ante la castración química a violadores de mujeres y niños, evidenció que es un tema que divide a la población: el 40% no quiso opinar (13 hombres y 7 mujeres), un 36% se manifestó de acuerdo (6 hombres y 12 mujeres) y el 24% rechazó la propuesta (4 hombres y 8 mujeres).