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Louisa Reynolds/El Mercurio Digital, Guatemala.- Una sencilla cruz blanca de cemento marca el lugar, junto al puente por el que se entra a la pequeña aldea de Chel, en el departamento altiplánico guatemalteco del Quiché, donde 95 civiles mayas ixil fueron brutalmente asesinados el 3 de abril de 1982.

No hay ninguna placa, ni flores, ni nombres grabados en piedra, sólo un humilde recordatorio de los hombres y mujeres acribillados a balazos o tajeados a machetazos y los infantes cuyos pequeños cuerpos fueron lanzados contra las rocas por soldados de la Fuerza de Tarea Gumarcaj.

La masacre está descrita detalladamente en “Guatemala: Memoria del silencio”, el informe elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico patrocinada por Naciones Unidas, después de firmarse los Acuerdos de Paz en 1996.

A inicios de la década de 1980, los municipios como el Triángulo Ixil: Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, en el Quiché, se habían convertido en uno de los principales escenarios de las operaciones insurgentes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

“La guerrilla son los peces. El pueblo es el mar. Si no puedes atrapar los peces, tienes que secar el mar”. Así justificaba el dictador Efraín Ríos Montt (1982-83) sus embestidas brutales contra la población ixil en un esfuerzo por expulsar a las fuerzas rebeldes.

El presidente electo de Guatemala, el general retirado del Ejército Otto Pérez Molina, fue uno de los comandantes de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, estacionada en Chajul, donde 26 aldeas fueron destruidas total o parcialmente, se produjeron 10 masacres, 317 civiles desarmados fueron asesinados y 9,000 personas fueron desplazadas.

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Los resultados de las elecciones de este año revelan un hallazgo sorprendente: la mayoría de votantes de las tres municipalidades ixil escogieron a Pérez Molina en la primera ronda. Sin embargo, este resultado se invirtió durante la segunda vuelta, el 6 de noviembre, cuando dichos votantes favorecieron al candidato opositor Manuel Baldizón.

Vínculos con múltiples masacres

En marzo de 1982, un mes antes de la masacre de Chel, se cometió otra atrocidad, esta vez en la municipalidad de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, donde las Patrullas de Defensa Civil, como eran conocidas las fuerzas paramilitares, asesinaron a 70 mujeres y 107 niños.

Rabinal votó masivamente por el derechista Partido Patriota (PP) de Pérez Molina, en primera y segunda ronda, en dos elecciones generales consecutivas. Esto parece confirmar una tendencia preocupante: algunas de las poblaciones mayas que llevaron la peor parte de la política de “tierra arrasada” del Ejército, apoyan a un candidato que participó activamente en ese capítulo sangriento de la historia de Guatemala.

Juan Dionisio Marcos de León, líder juvenil maya de Nebaj, nació un año después de las masacres en el Triángulo Ixil, pero está muy al tanto de la historia de su pueblo. Dijo que, paradójicamente, mucha gente en Nebaj considera a Ríos Montt como un héroe. “Adoran a Ríos Montt porque según ellos llevó la carretera al área ixil. Pero eso lo hizo con el objetivo planificado de movilizar un cuerpo militar, no para beneficiar al pueblo ixil”, dijo De León.

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Los familiares de los asesinados por el Ejército tienden a elegir opciones no militares, como el partido gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El resto tiende a votar por el candidato que reparta más dádivas, independientemente de si es un general retirado del Ejército que asesinó a su pueblo.

¿Por qué el giro?

Pero ¿por qué las tres municipalidades ixil votaron por Pérez Molina en la primera ronda y por Baldizón en la segunda?

El politólogo Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar, dice que las atrocidades de la guerra no crearon una conciencia antimilitar entre las poblaciones indígenas afectadas debido a la brecha generacional entre los votantes de hoy y los afectados por el conflicto armado.

“A las nuevas generaciones les interesa ver hacia adelante, la historia es como un lastre que intentan negar”, dijo.

Quince años después de los Acuerdos de Paz, el Ministerio de Educación todavía no ha incluido el conflicto armado y sus causas en el plan de estudios. Como resultado, una nueva generación de los guatemaltecos no está enterada de su propia historia.

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Los ex paramilitares tienen aún un fuerte poder sobre las estructuras políticas locales y muchas poblaciones indígenas son profundamente conservadoras debido a la influencia de las iglesias evangélicas, que suelen predicar que los mismos pobres son los culpables de su situación, agrega Rosal.

De la misma opinión es Edgar Gutiérrez, colaborador principal de Mons. Juan José Gerardi en la elaboración del informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), un esfuerzo dirigido por la Iglesia Católica para registrar violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

“Las matanzas en sí mismas son un dato que rompe la historia y la vida de las comunidades. Pero ¿qué pasa después? ¿Quién interpretó esa historia durante los últimos 30 años? En la mayoría de lugares fue el Ejército el que quedó diciendo ‘los hemos rescatado, [los grupos guerrilleros] los engañaron, los usaron y los abandonaron’”, dijo Gutiérrez.

“Yo he vuelto, después del REMHI, a varias de las comunidades donde recogí testimonios y la gente sigue hablando del mismo pasado con la misma amargura, sólo que ahora agrega los engaños del gobierno, lo incompleto del resarcimiento y el asalto de pandillas juveniles. No hay una conexión directa entre ese pasado dantesco y el significado de un gobierno del PP”, añadió. —Noticias Aliadas.

Publicado bajo CC-by-nd

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