Guatemala  (Cerigua).- La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres, promulgada por el Congreso de la República en mayo de 2008, es considerada una norma pionera a nivel mundial por tipificar el femicidio y por sentar precedentes para el debate de la problemática en el ámbito local y regional, sin embargo, la tasa de impunidad que rodea a los procesos, el 99 por ciento, así como la falta de conocimiento, ha impedido su óptima aplicación.

La norma refleja la lucha y el trabajo coordinado de las organizaciones de mujeres en Guatemala; diversos organismos internacionales la califican como uno de los avances legales más significativos en el ámbito mundial, ya que fue una de las primera en tipificar el femicidio, la violencia patrimonial y la violencia contra las mujeres.

El femicidio es la forma más extrema de violencia contra una mujer; la ley la define como la muerte violenta de una mujer por razones relacionadas a su género y usualmente en dichos casos se encuentra implícita la violencia sexual, la tortura y la mutilación.

Walda Barrios de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), aseguró que las víctimas son principalmente trabajadoras, estudiantes y jóvenes que forma parte de la población económicamente activa.

Un mensaje subyace al conocer ese tipo de crímenes: la mujer debe quedarse en el hogar, porque ahí estará segura; existe una correlación entre el aumento del índice de la participación de las ciudadanas y el elevado número de asesinatos, añadió Barrios.

De acuerdo con datos del Ministerio de Gobernación, en el 2009 se registraron 847 muertes violentas de mujeres y aproximadamente 4 mil 300 casos de violencia sexual; en lo que va del 2010, se han conocido 152; pocos son los procesos que han alcanzado llegar a los tribunales y escasos los que han logrado una sentencia condenatoria.

Angélica Valenzuela, del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), aseguró que muchos de los investigadores y operadores de justicia desconocen los contenidos de la ley y su forma de aplicación; muchas veces los procesos son investigados como homicidios o asesinatos, cuando se podría hacer uso de la Ley contra el Femicidio para sentar precedentes en el país.

El movimiento de mujeres ha denunciado en distintas ocasiones que también existe discriminación de género a la hora de investigar los casos, situación que fue verificada por la Relatoría de la Mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el 2005.

El informe presentado por el citado organismo internacional reveló que las mujeres indígenas que denuncian la violencia son discriminadas y excluidas del sistema de justicia, lo que constituye una violación más por parte del Estado, que impide acceder a la justicia.

Similar situación viven las familias de las víctimas de femicidio, las que muchas veces son relegadas de las investigaciones y sus declaraciones ignoradas, lo que compromete los procesos, revela el documento de la OEA.

En el marco de vigencia de la ley, recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó los Tribunales de Sentencia de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, que funcionarán en Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango; un intérprete fue asignado a la Ciudad de los Altos para atender a la población indígena.

La iniciativa fue socializada por la Magistrada Thelma Aldana, durante un viaje que recientemente hizo a Panamá; la medida fue bien vista por operadores de justicia de Centroamérica, quienes afirmaron es la primera de su tipo y la tomarán como ejemplo para consolidar los sistemas de justicia en sus respectivos países.

Según cifras elaboradas por el Organismo Judicial (OJ), hasta el momento se han conocido 92 procesos por femicidio, 13 mil 650 sobre violencia contra las mujeres, 2 por violencia física, 14 por violencia sexual, 7 por violencia psicológica y 278 por violencia económica.

Los nuevos tribunales funcionarán a partir de septiembre de 2010 en la citada localidad, lo que ayudará a agilizar los procesos y procesar los que se encuentran en espera, concluyó la Magistrada de la CSJ, Juana Solís.

La semana pasada, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal condenó a Rudy Francisco Alfaro a 99 años de prisión por los delitos de femicidio, femicidio en grado de tentativa y sustracción agravada.

Desde la cárcel, donde permanecía recluido por otros delitos, Alfaro dio la orden de asesinar a su pareja, ya que lo había denunciado por violencia intrafamiliar y violación; los victimarios se confundieron, asesinaron a su acompañante y secuestraron a su hija.

Los reportes de prensa afirman que la condena dignifica el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, marca un precedente en la justicia nacional e invita a la sociedad a reflexionar sobre las distintas formas de violentar las garantías de las mujeres.

Fin Cerigua