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El tribunal condenó por el delito de trata de personas a los hermanos salvadoreños Gonzalo y Óscar Humberto Cerritos Ramírez, y a la guatemalteca Sonia Argentina García Flores. EFE/Archivo

San Salvador, 6 oct (EFE).- Un juzgado de El Salvador condenó a dos hombres y a una ciudadana guatemalteca a ochos años de prisión por obligar a mujeres salvadoreñas a prostituirse en Guatemala, informó hoy una fuente judicial.

Un portavoz judicial dijo a Efe que el veredicto lo dictó el Juzgado Especializado de Sentencia de la ciudad de Santa Ana (oeste) el pasado 16 de septiembre, aunque fue divulgado recientemente debido a lo “voluminoso y complejo” del caso.

El tribunal condenó por el delito de trata de personas a los hermanos salvadoreños Gonzalo y Óscar Humberto Cerritos Ramírez, y a la guatemalteca Sonia Argentina García Flores. EFE/Archivo
El tribunal condenó por el delito de trata de personas a los hermanos salvadoreños Gonzalo y Óscar Humberto Cerritos Ramírez, y a la guatemalteca Sonia Argentina García Flores. EFE/Archivo

El tribunal condenó por el delito de trata de personas a los hermanos salvadoreños Gonzalo y Óscar Humberto Cerritos Ramírez, y a la guatemalteca Sonia Argentina García Flores.
Según la fuente judicial, en el caso se recibieron las denuncias de nueve mujeres salvadoreñas, entre ellas un número indeterminado de menores de edad, que fueron llevadas con engaños a Guatemala y obligadas a prostituirse.

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El rotativo El Diario de Hoy publicó este martes que los hermanos Cerritos Ramírez se desempeñaban como guardias de seguridad en el prostíbulo donde retenían a las víctimas, a quienes ellos mismos sometían a maltrato físico.

García Flores era la cajera y se encargaba de mantener drogadas a las mujeres, añadió la versión.
Las víctimas eran vendidas por 200 ó 300 dólares a los esposos de origen salvadoreño Adán Cerritos y María Elena López de Cerritos, propietarios del prostíbulo El Pantanal en el departamento guatemalteco de Santa Rosa, relató el periódico.

Las afectadas, principalmente de escasos recursos, eran llevadas a Guatemala con la promesa de trabajo por los salvadoreños Marco Antonio Godoy, señalado como presunto pandillero, y Marta Lidia Aguirre, quienes permanecen prófugos de la justicia.

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Las autoridades salvadoreñas recibieron la primera denuncia por este caso en agosto de 2006, lo que dio origen a una investigación junto con sus pares de Guatemala.

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