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Guatemala, 31 ago (EFE).- El Juzgado Primero de Ejecución Penal de Guatemala negó hoy la solicitud de libertad anticipada para el sacerdote Mario Orantes, condenado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato, en 1998, del obispo Juan Gerardi.

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Según el juez José Luis Patzán, Orantes deberá estar en prisión al menos otros tres años al no cumplir los requisitos para poder recuperar su libertad mediante la Ley de Redención de Penas, que permite a los condenados salir de prisión por buena conducta y trabajo social, tras cumplir la mitad de su condena.

El magistrado explicó a periodistas que no se pudo comprobar que el sacerdote haya cumplido con los requisitos de trabajo social, y anunció que será dentro de unos tres años que tendrá la posibilidad de solicitar de nuevo su libertad.
Orantes fue juzgado y declarado culpable de complicidad en el delito de ejecución extrajudicial del obispo auxiliar de Guatemala y condenado a 20 años de cárcel en julio de 1999.

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Por ello, el abogado de Orantes, José Toledo, consideró que su cliente podría ser beneficiado por la ley y en julio pasado planteó la solicitud de redención de pena ante el juzgado que hoy la denegó.

Gerardi fue asesinado de un golpe en la cabeza el 26 de abril de 1998 en la cochera de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, situada a unos 300 metros de la casa Presidencial de Guatemala.
El crimen se cometió 54 horas después de que el obispo presentara públicamente su informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), “Guatemala Nunca Más”.

En el Remhi se documentaron más de 50.000 violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), atribuidas en su mayoría al Ejército.

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El coronel Byron Lima Estrada y su hijo, el capitán Byron Lima, también cumplen una sentencia de 20 años de prisión desde 1999, tras ser declarados culpables como coautores del asesinato de Gerardi.

Otro implicado en el crimen del religioso, el ex guardaespaldas presidencial Obdulio Villanueva murió degollado durante un motín de presos registrado en 2003.

El proceso judicial para esclarecer e identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del religioso aún continúa abierto, según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que actúa como querellante particular en el caso.

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