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A la espera de justicia por casos de desaparición forzada

Junio 19, 2009

Miembros del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y abogados que conocen el primer caso de denuncia por desaparición forzada que se lleva en una corte de Guatemala, lamentaron el retraso del sistema de justicia para dictar sentencia contra el ex comisionado militar, Felipe Cusanero.

Los activistas de derechos humanos señalaron que el juicio contra Cusanero, sindicado de la desaparición de seis indígenas mayas entre 1982 y 1984 en Choatalum, Chimaltenango, está detenido a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por su defensa ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Víctimas de primer caso por desaparición forzada esperan justicia. Foto: Surizar/Noticias.com.gt

De acuerdo con Juan Francisco Soto, asesor jurídico de las familias denunciantes, la Corte no ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad desde hace un año y dos meses, pese a que en el 2006 había conocido el mismo recurso de apelación y lo había declarado sin lugar.
Solicitamos a la Corte que resuelva el recurso porque los familiares de las víctimas están esperando los resultados de este proceso, que es el primer caso de desaparición forzada que llega a juicio, dijo Soto.

Edgar Pérez, abogado querellante, señaló que el recurso presentado por la defensa pública penal se debe a que el delito de desaparición forzada no está tipificado sino hasta 1996, sin embargo expuso que mientras no aparezca la víctima existe la violación.

Según Pérez, este caso es emblemático porque si se logra una sentencia contra Cusanero será un resultado positivo para miles de personas cuyos familiares fueron desaparecidos durante la guerra interna, cerca de 45 mil, según informes de la Iglesia católica y de las Naciones Unidas.

Los juristas señalaron que agotarán todos los recursos en las cortes guatemaltecas, antes de acudir a cortes internacionales, para fortalecer el sistema que ha mostrado una tendencia a favorecer a los victimarios; los sobrevivientes del conflicto armado son revictimizados nuevamente, indicaron.

Muestra de ello es el caso de la masacre de Las Dos Erres, que conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio próximo; la defensa de los militares acusados ha interpuesto 36 recursos de amparo para favorecer la impunidad.

Cerigua.