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Guatemala (Cerigua).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió a la comunidad internacional sobre graves limitaciones legales y jurídicas de la Comisión de la Verdad instalada el martes pasado en Honduras, para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

En un comunicado la entidad internacional señaló que la Comisión “nace con graves limitaciones legales y jurídicas que comprometen la seriedad de su funcionamiento” e indicó que en Honduras no se ha realizado un proceso participativo, inclusivo y consensuado que demuestre una voluntad de garantizar el derecho a la verdad al pueblo hondureño.

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El gobierno de Honduras no está obligado a asignar recursos económicos para el adecuado funcionamiento de la Comisión por lo que toda la responsabilidad se deposita a la comunidad internacional, a la que CEJIL llamó a valorar “seriamente las consecuencias que el respaldo económico y político pueden tener respecto a la iniciativa”.

La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas no debe ser motivo de celebración sino de preocupación; tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional, manifestó Alejandra Nuño, directora de CEJIL.

Nuño señaló que el Estado de Honduras continúa sin demostrar que tiene la voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos durante el golpe de Estado y adjudicar las responsabilidades a quienes corresponda.

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De acuerdo con la información, el decreto que crea la Comisión excluye la investigación de violaciones a los derechos humanos pues se limita a “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis”.

Asimismo se excluye a las víctimas y sectores de la sociedad civil hondureña afectados por el golpe de estado que no podrán ser tomados en cuenta en el proceso de constitución de la Comisión de la Verdad.

La Comisión fue creada a través de un decreto presidencial, lo que no da la fuerza jurídica de una ley y por lo tanto no vincula a otros poderes de la República, que no están obligados a informar a la referida misión, pese a haber tenido responsabilidad en los hechos.

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Fin Cerigua

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