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Foto: Michel Temer / Licurgo.miranda CC BY-SA 4.0

Brasil, Junio 8 del 2016.- Cada vez se hace más evidente la crisis política por la que atraviesa Brasil. Este martes el fiscal general Rodrigo Janot pidió la detención del presidente del Senado, Renan Calheiros; del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; exministro del actual gobierno interino, Romero Jucá y del expresidente del país José Sarney, por interferir en la investigación del caso Petrobas.

Esta acción representa un duro golpe a la legitimidad del gobierno de Michel Temer, pues sólo ha pasado un mes desde que asumió el cargo de la presidenta Dilma Rousseff, alejada temporalmente por sus maniobras fiscales a la espera de la votación en el Senado el próximo mes de agosto para definir su destino.

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Los cuatro señalados forman parte del partido de Temer, y son muy cercanos a su administración.

El expresidente de la filial de transporte Petrobas, Sergio Marchado, grabó escuchas telefónicas con cada uno de ellos, que revelan las artimañas para modificar leyes y procedimientos con tal de que algunos involucrados pudieran escapar de las investigaciones contra la mayor trama de corrupción de la historia del país brasileño.

Cambiar una ley del Tribunal Supremo que permite condenar a los reos a partir de una decisión de segunda instancia y no permitir la declaración premiada de condenados, sino tan sólo de personas en libertad, son dos de las jugadas previstas por los importantes políticos señalados por Janot.

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En las conversaciones más explosivas, Jucá aseguró a Machado que había que “cambiar el Gobierno para frenar esa sangría” (se refiere a investigaciones contra políticos) y que “la solución más fácil era poner a Temer”. “Quieren atrapar a todos los políticos”, advertía.

El presidente del Senado mediante un comunicado oficial, calificó de “desproporcionada y abusiva” la petición de cárcel; mientras que el ex ministro Romero Jucá la tildó de “absurda” y aseguró que “este tipo de filtraciones son selectivas”.

Sarney, por su parte, aseguró estar “perplejo e indignado” con la decisión. En su caso, la prisión sería substituida por una tobillera electrónica que permitiera controlar sus movimientos en prisión domiciliar, debido a su avanzada edad, 86 años. El ex-presidente puso fin a su vida política, como senador, en diciembre de 2014.

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Fuente: El Mundo

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