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Foto: Christopher Johnson CC BY-SA 2.0

Junio 1 del 2016.- El argentino jugador del Barcelona, Lionel Messi y su padre Jorge Horacio Messi se encuentran en audiencias para aclarar su situación jurídica luego que la fiscalía de España los acusara de defraude fiscal.

De acuerdo con la fiscalía no se declararon €4,1 millones que son beneficios recaudados con los derechos de imagen del futbolista entre los años 2007 y 2009. En tanto la abogacía del Estado solicitó 22 meses de prisión contra Messi y su padre.

Sin embargo se solicitó después que para el jugador argentino se archive la causa por desconocer el fraude realizado por su progenitor y su representante. Por el contrario para Jorge Messi solicitó 18 meses de prisión por tres delitos de fraude fiscal.

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El asesor fiscal de Lionel ayer exculpó al jugador de los cargos que se imputan al argumentar que a su defendido no se le explicó en qué consistía la creación de las empresas y firmaba los contratos sin estar al corriente de su contenido.

El astro del fútbol está vinculado a varias sociedades de las cuales supuestamente se valió junto a su representante y su padre para defraudar el fisco de España y no declarar los ingresos que recibía. Hasta el momento la vista está sobre el progenitor y el representante que se han encargado de administrar todos los ingresos del jugador.

El astro Lionel Messi acusado por delitos fiscales Foto: Tiempos de San Juan
El astro Lionel Messi acusado por delitos fiscales
Foto: Tiempos de San Juan

Otro caso de fraude

En el 2006 y 2007 Messi (padre) fue acusado por estafa con Rodolfo Schinocca, su socio en Sports Consultans, empresa creada para gestionar el patrimonio de su hijo Leonel.

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En ese entonces la versión fue que una empresa creada  había sido utilizada  porque se buscaba tributar en ese país con una cantidad menor a la que pagaría en España, y era legal pese a no hacerlo en el país donde juega actualmente el astro.

Acciones similares

El asesor fiscal reconoció en este nuevo caso que la una de las empresas fue creada para “preservar el máximo valor con la menor deducción de costes”, es decir, pagar los menos impuestos posibles, pero sostuvo que era “absolutamente legal”, pues “la libre circulación de capitales es un derecho reconocido”, situación que se asemeja a la argumentada años atrás.

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